Régimen de la 4T: Intransigencia del poder sin concesiones

El poder presidencial puede mucho; quien lo ejerce con frecuencia suele asumirse infalible, y ahí donde todo se alinea y se acomoda, se entrañan muchos problemas, entre otros, dos pérdidas de singular relevancia: el sentido de la realidad y el de los límites. Que todo se ajuste a la voluntad y a las pulsiones de quien detenta la Presidencia de la República implica al grupo cercano que aprovecha, a colaboradores silentes y a intereses complacientes. Por eso la importancia de aquello que resiste a la deriva autocrática: los contrapesos institucionales, la oposición y las expresiones civiles de escrutinio al poder, tres planos del régimen democrático a los que el obradorismo declaró la guerra.

El primer tercio no sirvió para que la Presidenta entendiera los términos de su responsabilidad constitucional. Para evitar complicaciones, decidió acabar con la última trinchera institucional de contención a la arbitrariedad y abuso de poder. Mientras López Obrador tuvo que encarar a un Poder Judicial y una Corte que, en sus últimos efectos, contribuían al apego del gobierno y del titular del Ejecutivo a la legalidad, Sheinbaum resolvió eliminarlos. Ahora ella, su administración y el país padecen las consecuencias.

Sin embargo, no fue sólo responsabilidad de la Presidenta: la debacle de la República nos implica a todos, incluso a aquellos que, en lugar de resistir, optaron por contemplar sin advertir, por comodidad, que representaba una derrota, una pérdida para todos.

La intransigencia sin concesiones no desplaza al péndulo entre democracia y autocracia, sino que lo conduce hacia el autoritarismo y el totalitarismo. La inercia actual significa un cambio discreto, pero fundamental: la pérdida del consenso y legitimidad se arropa con una mayor represión, primero, en el marco de la intimidación y después viene la ruda, la violenta. Son muchas las señales; una parte relevante consiste en minar la libertad de expresión, por ejemplo: la actuación del tribunal electoral con el uso parcial de la violencia política de género y los lineamientos para el derecho de las audiencias. Así como la manera de obligar a la renuncia al rector José Alberto Abud en Campeche fue propia del Estado policiaco.

Esta intransigencia sin concesiones requiere de ceguera en el grupo político para andar el futuro. Se niega la realidad, se altera y se falsifica; la tragedia se viste de proeza, de hazaña, con un discurso a modo. Se ha logrado controlar la información, no así la opinión, cada vez más alienada al orden político, pero también más golpeada por la intimidación.

Al final de cuentas, el control es más una aspiración, porque la realidad de alguna manera termina por imponerse. Además, es imposible acomodar de manera armónica los intereses que convergen en la coalición gobernante, sobre todo aquellos que derivan de acciones criminales, porque para éstas no hay otro orden posible que el suyo, lo que niega el fundamento, la esencia misma del Estado: el monopolio legítimo de la violencia. A su vez, explica la impunidad, transformada en condición de existencia del régimen. Igual que la libertad de expresión, la justicia atenta contra el nuevo equilibrio político, lo que aclara la incapacidad del régimen para someter a la legalidad a integrantes de la cúpula política.

El primer tercio condiciona lo subsecuente. El interés del régimen se sobrepone al del país, al del Estado constitucional y al sentido de un gobierno acreditado por su imparcialidad y orientación en su quehacer por el interés general o el bien común. Las decisiones de este periodo generan una inercia difícil de modificar. No es fatalismo, son los efectos, las consecuencias de las determinaciones iniciales.

El poder político, al concentrarse, ha perdido la capacidad de autorregularse, conduciendo a su propia destrucción. Es un proceso cierto en sus resultados e incierto en su dinámica y tiempos. Paradoja donde el control es subvertido por el desorden en los extremos del cuerpo institucional. Los personeros del régimen no pueden contenerse a partir de un objetivo político fundamental: la sobrevivencia del régimen político, como muestra la persistente connivencia política con el crimen organizado y los recurrentes escándalos en los que subyace la venalidad, asunto que mina la credibilidad y la prédica moral con que se ganó el poder.

La presidenta Sheinbaum, al cierre de su primer tercio, insiste en la unidad de los suyos y en el apego al código moral de inicio. Ambos cada vez más difíciles y lejanos porque conducir el poder no es de retórica, por conveniente o convincente que sea, sino de aquello que se destruyó o pervirtió: reglas e instituciones.