Rendición de cuentas o seguridad nacional. La disyuntiva de la militarización.

Hace menos de tres semanas escribía de la buena y maravillosa idea de Ricardo Monreal de agregar un componente de rendición de cuentas para el Poder Legislativo, especialmente, durante el proceso de cabildeo de la prórroga de la presencia militar en las calles hasta el 2028. Esta semana, la Comisión del Senado citó a los Secretarios de Defensa, Marina y Seguridad para hablar de los ataques a sus sistemas informáticos y seguir la conversación sobre las tareas de seguridad pública del Ejército.

El Secretario de Defensa y de la Marina dijeron que no, gracias, que son temas de seguridad nacional que no se pueden tratar de manera abierta, por lo que solamente acudirá la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela, a la cual no le responde el Ejército. La Comisión no tiene facultades para exigir la comparecencia, por ende, Movimiento Ciudadano pidió a través la Jucopo (Junta de Coordinación Política) que “obligue” a los secretarios a conversar el tema dentro del Senado. Veremos qué pasa las próximas semanas.

Sin embargo, ¿dónde quedó la rendición de cuentas que nos prometió (sí a todas y todos, no solo a los legisladores) Ricardo Monreal?

Uno de los grandes temas de por qué no es buena idea que los militares estén en las calles es la secrecía que tienen la Defensa y la Marina, tanto en sus procesos de compra de bienes y servicios como de tribunales, puesto son internos. Entiendo totalmente que no todo puede ser público, pero tampoco todo puede ser privado. Tenemos que encontrar un balance, sobre todo con la ola de inseguridad que se vive en todo el país sin cese en los últimos meses.

Todo esto sin olvidar, el enorme golpe (y grave) que recibieron los sistemas informáticos del ejército en las últimas semanas que dejó al descubierto un sin fin de información que aún no ha sido filtrada y/o analizada, pero deja al descubierto la vulnerabilidad de la ciberseguridad de la Sedena.

Otra de las cosas rescatables que tiene la Ley de Militarización es que dice que ahora sí se les dará el dinero a las policías locales, que el ejército en las calles es temporal, que por qué las policías de los municipios y estados no pueden. El problema es desde el 2019, en el transitorio, decía que les iban a dar dinero, y para el 2020 (con el pretexto de la pandemia) redujeron considerablemente los presupuestos de Fortaseg (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad Pública) hasta desaparecerlos en el 2021, y mejor ni hablemos de los programas y presupuestos de prevención social de violencia que se eliminaron desde el 2019. ¿Será que ahora sí, les podemos creer que volverán en el 2023?

El corazón del problema radica en lo que ya sabíamos, el poder y el dinero del ejército está aumentando exponencialmente sin ningún tipo de control o mecanismo de rendición de cuentas, excepto la relación de secrecía y complicidad con el presidente López Obrador.

Es muy preocupante la manera en que el tema de seguridad se ha politizado rumbo a la elección del 2024. Tenemos que entender que la seguridad es un derecho humano, un asunto básico de cualquier gobierno. Un gobierno que no tiene monopolio de la coerción física, simplemente no es un gobierno. No debe ser jamás una carta política de intercambio cuando está en juego la vida de muchas personas. Tenemos que exigir a nuestros legisladores locales en las próximas semanas que les toca votar (a favor o en contra) de la Ley de Militarización que lo hagan de manera consciente conforme a las realidades que viven nuestras ciudades. Nos toca como #CiudadanosdeTiempoCompleto.