Hace poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el municipio de San Juan de Sabinas para encabezar un evento que formalmente se denominó “Plan de Justicia para Pasta de Conchos”, pero en realidad fue un acto político. El objetivo: magnificar el trabajo realizado por la actual administración en el rescate de los mineros muertos hace 18 años.
Unos días antes, los responsables de la compleja −y costosa− operación de rescate habían informado del primer hallazgo de restos humanos en una zona de la mina donde, de acuerdo con las bitácoras del día de la tragedia, se encontraban 13 mineros.
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Nunca se dijo que hubieran localizado los restos de esas 13 personas, pero la información que oficialmente se dio a conocer fue lo suficientemente ambigua como para que esa idea quedara flotando en el ambiente. El hecho también permitió que múltiples voces plantearan un diagnóstico diferente sobre el origen del siniestro afirmando que no había existido una explosión.
Tampoco hubo ningún experto ni técnico que sostuviera formalmente la inexistencia de la explosión. Lo que se dijo fue que, en el lugar donde se localizaron los restos humanos, no se había registrado una explosión sino un derrumbe que, puede especularse, fue provocado por la explosión.
Las precisiones anteriores resultan relevantes, más de dos semanas después, porque desde el fin de semana anterior comenzó a circular información relativa a que los restos óseos localizados a mediados de junio corresponden sólo a una persona y en el lugar donde los encontraron no habría más.
La confirmación de este dato conduce, necesariamente, a la conclusión de que la búsqueda podría tomar varios años más y eso implica, literalmente, reconstruir toda la mina, pues los cuerpos de los mineros fallecidos podrían estar diseminados por todas las galerías.
La información conocida el fin de semana anterior ha provocado reclamos de parte de las familias de las víctimas, pues consideran que les hicieron albergar falsas esperanzas respecto del número de cuerpos localizados en el lugar del primer hallazgo.
Y si, como lo afirman, cuando les dieron a conocer la noticia les hicieron creer algo que finalmente no resultó cierto, sin duda las familias tienen razón en su reclamo y en la exigencia de que les hablan con la verdad.
El hecho también convoca a revaluar la decisión tomada por esta administración al destinar miles de millones de pesos a una empresa que, hasta hoy, solamente ha permitido rescatar los restos de una persona, mientras miles más siguen arriesgando su vida cotidianamente en la extracción del carbón.
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Las familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos tienen todo el derecho de reclamar que los restos de sus familiares sean localizados. Pero también los mineros que corren peligro, porque los métodos extractivos siguen siendo los mismos, tienen derecho a que se proteja su integridad y su vida.
Resulta obligado en estas circunstancias cuestionar por qué no se destinan recursos similares a evitar que la cifra mortuoria de la explotación carbonífera siga incrementándose.
