Saltillo: sigue al alza el precio de los inmuebles

Los precios, en una economía de mercado, evolucionan a partir de las fuerzas esenciales que los definen: la oferta y la demanda. Eso es lo que dice la teoría y a dicha regla, en principio, todos tendríamos que ajustarnos porque se trata de un modelo “natural” de precios.

En términos generales, resulta recomendable que los precios se fijen de la forma descrita. Intentar hacerlo de manera artificial conduce, por regla general, a realidades poco deseables.

Conviene, sin embargo, cuestionarse si los precios realmente evolucionan de forma “natural” en todos los casos, o si estos se mueven –hacia arriba o hacia abajo– impulsados de manera artificial en algunas circunstancias. Y si esto es así, conviene preguntarse también si tales circunstancias debieran provocar una reacción por parte del Estado.

En algunos casos, resulta claro, es inconveniente dejar sólo a las fuerzas del mercado el establecimiento de los precios. Los más evidentes son aquellos que tienen que ver con bienes y/o servicios que deben ser accesibles para todos porque implican el acceso a derechos.

No es buena idea, por ejemplo, dejar que las fuerzas del mercado definan libremente el precio del agua, los medicamentos o el transporte público. Hacer tal implicaría que quienes no cuenten con un ingreso mínimo se queden fuera de la posibilidad de acceder a tales satisfactores.

En algunos otros casos, la definición no es tan clara, o las fronteras entre lo deseable y lo factible se vuelven difusas. Uno de esos casos es el relativo a los precios de los bienes inmuebles.

Como se ha informado en diversas ocasiones, el costo de la vivienda en Saltillo se ha encarecido de manera importante en los últimos años, al grado que la casa más barata que se encuentra en el mercado se vuelve inaccesible para la mayor parte de las personas con necesidad de un hogar.

¿Se trata de un caso en el cual no debe importarnos el encarecimiento de los precios o, por el contrario, estamos ante una de esas excepciones en las cuales la intervención del Estado en la regulación del mercado se vuelve indispensable e incluso urgente?

Responder a la interrogante anterior implica, de forma obligatoria, definir si la vivienda es o no un derecho y, por ende, debe estar al alcance de toda la población. Nuestra Constitución dice que todo ciudadano mexicano debe tener acceso a una vivienda digna y ello plantea, de entrada, un reto.

A partir de la definición constitucional, resulta obligado entonces tener claro qué implica el tener acceso y cuáles son las acciones que el Estado debe desplegar para que tal hecho ocurra.

Lo que no puede hacerse es ignorar la realidad y mantener una actitud de indiferencia ante la situación que tenemos enfrente y que es una muy clara: la escalada de precios en materia de vivienda en Saltillo la ha colocado fuera del alcance de muchas personas y tal hecho tendría que corregirse.