Seguridad: el gran reto del nuevo gobierno

Opinión
/ 8 octubre 2024

La gran meta es, a no dudarlo, que el Estado recupere el monopolio del uso de la fuerza que implica el arreglo democrático. No podemos darnos el lujo de fracasar nuevamente

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará hoy el Plan Nacional de Seguridad de su gobierno, es decir, la estrategia con la cual se buscará conquistar, en el actual sexenio, la meta en cuya persecución han fracasado ya tres gobiernos consecutivos: los de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Se trata, a no dudarlo, de una tarea ardua y compleja. No es casual que llevemos 18 años planteando la necesidad de contar con una estrategia eficaz para contener el fenómeno sin haber dado con ella.

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Justamente por ello, sin embargo, resulta indispensable que la nueva administración federal se haga cargo del fracaso de sus predecesores y realice una lectura adecuada de la realidad. Lo anterior implica identificar las estrategias y líneas de acción que no han funcionado y renunciar a su uso, a menos que se les modifique radicalmente.

A contrapelo de la idea anterior, la Presidenta ha adelantado que su gobierno persistirá, esencialmente, en mantener las acciones de la administración anterior que se sintetizan en la frase “abrazos, no balazos”, cuyo significado nunca quedó claro.

De acuerdo con algunos adelantos que se han difundido al respecto, una parte relevante del proyecto de la nueva administración implica avanzar de forma relevante en el curso de los primeros 100 días de gobierno. Los objetivos centrales de este primer tramo serían reducir de forma importante el número de homicidios violentos y atacar el control del crimen organizado.

Una línea de acción en esta dirección implicaría enfocar esfuerzos en las 10 ciudades más violentas del país, en cuyos territorios se concentra la cuarta parte de todos los homicidios violentos que ocurren en la República. La meta se perseguiría fortaleciendo el trabajo conjunto de las fuerzas policiales de la federación y los estados.

En casos como los de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Baja California o Chiapas −donde se ubican las poblaciones clave− poca duda cabe de la necesidad de una estrategia de pacificación.

Ya conoceremos hoy los detalles y veremos de qué forma se intentará recuperar para el disfrute ciudadano los espacios públicos, muchos de los cuales se encuentran hoy en poder de bandas criminales.

La gran meta es, a no dudarlo, que el Estado recupere el monopolio del uso de la fuerza que implica el arreglo democrático. Concretar casos de éxito que permitan, en el futuro inmediato, visualizar una nueva realidad para las zonas más convulsas del país, resulta indispensable.

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No podemos darnos el lujo de fracasar nuevamente en esta asignatura. El número de víctimas que ha cobrado la incompetencia de tres gobiernos sucesivos constituye una afrenta monumental para la sociedad mexicana. La estadística mortuoria que hemos venido reseñando por tanto tiempo tiene que cesar.

Cabe esperar pues, que la nueva administración federal cambie el enfoque y que esta vez la estrategia sea exitosa.

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