Lo hemos señalado en múltiples ocasiones, pero es necesario reiterarlo: el servicio médico de la Sección 38 del SNTE ha sucumbido debido a los defectos de diseño con los cuales nació, pero también por los vicios que el Gobierno y el Sindicato prohijaron y consintieron.
Imposible que subsistiera un modelo que siempre ha sido financieramente inviable, pero al cual se le adosaron todos los defectos que la corrupción pública ha generado en México.
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Más allá de la explicación, sin embargo, es preciso tener claros los vicios en los cuales ha incurrido históricamente la burocracia sindical, porque estos han implicado la creación de fortunas privadas a partir de recursos públicos. Y debe tenerse claro porque se trata de conductas que debieran ser investigadas y, sobre todo, castigadas.
Como lo publicamos en esta ocasión, uno de los elementos que ha signado la historia reciente del sistema de salud del magisterio coahuilense ha sido el surgimiento de florecientes “negocios” que han sustituido paulatinamente al servicio médico de la Sección 38.
En efecto, como puede constatarse fácilmente con solo pararse ante los edificios de la clínica del magisterio en Saltillo y la empresa Medica Integralis, resulta inexplicable cómo es que la primera se ha venido deteriorando cada vez más, al mismo tiempo que la otra se fortalece.
El fenómeno ha ocurrido, según parecen evidenciar los datos conocidos, gracias a que la citada empresa, propiedad de la familia del dirigente nacional del sindicato magisterial, Alfonso Cepeda Salas, se ha convertido en una de las proveedoras favoritas del servicio médico del magisterio.
Para decirlo con mayor claridad, en lugar de fortalecer las capacidades institucionales, lo que el servicio médico de la Sección 38 ha hecho -al menos en la última década- ha sido subrogar sus servicios, es decir, pagarle a un tercero para que se encargue de las tareas relativas a laboratorio, farmacias, ópticas, rayos x y clínica.
Imposible no considerar el conflicto de interés existente en una operación que tiene todo el tufo de la corrupción: la familia de un dirigente sindical repentinamente “descubre” un nicho de oportunidad en la construcción de una clínica privada que, casualmente, llena un vacío que originalmente debía ser llenado ¡por el servicio médico del magisterio!
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¿Se trata del mejor proveedor posible? ¿Nadie más podía proveer los servicios que requieren las clínicas de la 38?
Más aún: ¿es posible considerar que el debilitamiento institucional del servicio médico no se registró de forma deliberada para favorecer los intereses privados del dirigente magisterial?
No se trata de preguntas impertinentes sino de cuestionamientos que deben ser respondidos de forma puntual por quienes han protagonizado esta historia y que deberían ser investigados por las autoridades para identificar la posible comisión de delitos.
