Sheinbaum y López Obrador: de la obediencia al pragmatismo

La lógica del poder se sobrepone a las consideraciones personales, a las coincidencias esenciales o a las convicciones ideológicas. La presidenta Sheinbaum es rehén no sólo de un sentimiento de gratitud, sino de un sentido de lealtad al proyecto obradorista casi a toda costa. Ha dado pruebas sobradas, la más acabada, la destrucción del Poder Judicial Federal y de la independencia de la SCJN. La postura de inicio de la presidenta electa sobre la reforma judicial fue de prudente reserva, pero pronto sería desplazada por la intransigente obediencia. El costo para el país fue monumental. Desapareció el Poder Judicial como instancia para garantizar derechos; para muestra, la determinación de la Corte que autorizó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquear cuentas bancarias sin autorización judicial: una flagrante violación a la Constitución.

La lealtad, el sometimiento y las fijaciones ideológicas propias se ven condicionadas por la realidad en la que se desempeña el poderoso, porque el poder tiene su inercia. López Obrador recibió un país que le concedía amplios márgenes de maniobra. De los más importantes, el descontento social y el desprestigio que por igual afectaba al PRI y al PAN. Otro factor fue la economía. El objetivo del régimen “neoliberal”, de conjurar la crisis y crear una sólida estabilidad macroeconómica, dio fortaleza y generó un ahorro importante. López Obrador lo dilapidó en el clientelismo electoral y en costosas obras, producto del capricho, además, con elevados costos de operación deficitaria. Así como en programas sociales y el incremento en los salarios mínimos, gracias a lo emprendido en el pasado. En 2024 se incrementó el déficit fiscal y el aumento de la deuda.

López Obrador podía plantearse metas mayores. No fue así y no hubo crecimiento; las prioridades políticas llevaron al país a una corrupción desbordada. No fue un accidente, sino una decisión, como muestra el contrabando de combustibles. Peor resultó el crecimiento del crimen organizado y su inclusión en la economía y el gobierno. La situación no resistía más; el crimen organizado creció y tuvo un creciente protagonismo en la economía y en la política.

Claudia Sheinbaum rompió con López Obrador en la manera de abordar la seguridad al designar su coordinación a un civil y combatir a los criminales con determinación. Sin embargo, faltaron dos planos de acción: el de las finanzas del crimen, porque la UIF se corrompió para volverla una instancia de control político, y el combate a los políticos vinculados con el crimen organizado. En el primero hubo corrección con la salida del comisario Pablo Gómez; en lo segundo, se retrocedió aún más con la salida de Gertz Manero y la llegada de Ernestina Godoy.

La Presidenta tiene más recursos de autoridad que López Obrador, pero su situación está muy condicionada por la realidad política, económica y de seguridad del país. Poderosa, pero sin mando, porque la naturaleza del régimen cambió. Al romper con la legalidad, se destruyó la base institucional que sostiene a la Presidencia y al gobierno de la República. La Presidenta está limitada desde muchos frentes, el más pernicioso es la impunidad. Aplicar la ley es poner en jaque al régimen político por la connivencia con el crimen organizado.

En materia económica, la Presidenta también está obligada a modificar las definiciones de López Obrador. El tema energético es cuello de botella. Increíble que el gobierno haya comprado los activos de Iberdrola, una de las empresas más vanguardistas del mundo en materia energética. El país se quedó con lo obsoleto e Iberdrola pudo invertir en innovadores proyectos en Brasil, Estados Unidos y Europa. Ante el apremio, la Presidenta tuvo que autorizar el fracking, tan vilipendiado por López Obrador. La decisión representa una ruptura, pero no nace de la diferencia política o ideológica, sino de la necesidad que tiene el país para resolver la dependencia extrema sobre el gas de EU proveniente de Texas, producto del fracking.

Los cambios apenas inician. En materia política, se avizora una disputa por las candidaturas. El PVEM va solo en San Luis Potosí y el PT puede hacer lo mismo en Zacatecas. La Presidenta no pudo crear una corriente propia y su actuación será, más que todo, para mantener una unidad cada vez más ficticia y disfuncional, la que anticipa un problema mayor para la elección de 2030. En 2027, Morena sufrirá importantes descalabros, a pesar de la parcialidad del gobierno, el financiamiento ilegal, la ausencia de justicia electoral y un INE a modo.