SIMAS Torreón: Quebrado... ¿Y quién va a pagar?

La pregunta no es si el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón enfrenta una quiebra financiera, sino si habrá quien la pague, quien sea sancionado, quien se haga responsable por el quebranto.

Desde hace años se sabía que el SIMAS Torreón enfrentaba una crisis financiera, una fuga de recursos que nadie quiso atender. Con la entrada de la nueva administración se da a conocer que los pasivos suman más de 2 mil millones.

Hasta el Avance financiero del primer trimestre de este año, el pasivo circulante ascendía a 354.2 millones de pesos, 49 por ciento más que 15 meses atrás.

Sin embargo, el alcalde Miguel Riquelme reconoció más de 2 mil millones, la mayoría dividido en tres rubros: el adeudo a la Comisión Federal de Electricidad (400 millones sólo de este pasivo), el costo por los derechos de extracción a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los laudos favorables a la empresa Ecoagua.

El jueves, el Consejo Directivo rechazó el último informe trimestral donde supuestamente ya aparecían los más de 2 mil millones, cuando, según declararon algunos integrantes, esas cifras no coincidían con lo presentado en reuniones anteriores.

El adeudo reconocido derivó en la renuncia exigida de Roberto Escalante. Pero los pasivos no son el único cuestionamiento financiero que debe hacerse.

El rubro de Servicios Personales (nómina) ha mostrado un crecimiento muy superior a la inflación anual, lo que sugiere incrementos significativos en la plantilla o en las remuneraciones adicionales: en 2022 –el primer año del alcalde Román Alberto Cepeda– el gasto en la nómina del SIMAS era de 294.2 millones de pesos y para 2025 ya alcanzaba los 484.3 millones de pesos.

En sólo tres años, el gasto en nómina aumentó 190 millones de pesos (64.6 por ciento). Además, en el primer trimestre de 2026 ya se habían devengado 129.8 millones de pesos, lo que proyecta un gasto anual superior a los 519 millones.

El saldo destinado a la cuenta de “Provisiones a Corto Plazo” (donde pueden entrar las reservas para demandas y juicios) creció de manera exponencial, lo que indica un aumento en el riesgo legal o sentencias adversas: en 2023 eran 25.3 millones de pesos y para marzo de 2026 ya eran 69.6 millones de pesos. El monto reservado para pleitos legales se triplicó en poco más de dos años.

A pesar de que los ingresos han aumentado (pasando de 911.9 millones en 2022 a mil 071.8 millones en 2025), el ahorro o utilidad neta ha sufrido caídas drásticas: en 2023, la utilidad cayó de 70.7 millones (en 2022) a 41.1 millones. En 2025, volvió a desplomarse de 74.4 millones (en 2024) a 39.5 millones.

Así mismo, el gasto por servicios de arrendamiento pasó de ser un rubro menor (7.5 millones en 2021) a convertirse en uno de los costos operativos más pesados para el organismo, superando los 74.8 millones de pesos al cierre del último ejercicio anual reportado.

La justificación oficial, reiterada cada año en las Notas de Gestión Administrativa y en los POA (Programa Operativo Anual), señala que estos recursos se destinan íntegramente al arrendamiento de maquinaria y equipo especializado. El objetivo primordial –argumentan– es realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la red hidráulica y sanitaria de la ciudad, así como de las fuentes de abastecimiento.

El organismo ha optado por un modelo de renta en lugar de compra. Mientras que en 2021 y 2022 el gasto era marginal, a partir de 2023 se convirtió en una de las mayores cargas de los Servicios Generales, representando en 2025 el 21 por ciento del total de dicho capítulo.

¿Quién se benefició de esto? ¿Realmente se hicieron esos mantenimientos?

AL TIRO

No basta con reconocer un quiebre financiero. Es necesario encontrar culpables y castigarlos. De nada servirá enterrar –otra vez– el pasado, las malas prácticas, las irregularidades, irresponsabilidades, posibles desfalcos, desvíos o actos de corrupción.

Si la impunidad prevalece, la actual administración –incluyendo el alcalde Miguel Riquelme– será cómplice.

Porque detrás de los miles de millones de pesos no hay únicamente cifras contables: hay decisiones, omisiones, firmas y funcionarios. Cada peso que falta o que se ejerció mal es dinero que dejó de invertirse en reparar fugas, modernizar la infraestructura, garantizar agua potable de calidad y ofrecer un mejor servicio a miles de familias.

El costo de este desastre deben pagarlo quienes lo provocaron, no los ciudadanos.

La auditoría financiera debe ser apenas el principio. Hace falta una investigación administrativa y, si existen elementos, también penal.

El SIMAS Torreón no necesita solamente un rescate económico; necesita recuperar la confianza pública. De lo contrario, los más de 2 mil millones de pesos pasarán a engrosar la larga lista de escándalos públicos que en Torreón terminaron sin un sólo responsable.