Sinaloa: Malabares con una granada

En algún momento de las horas que rodearon la notificación del gobierno norteamericano a México con acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y personajes cercanos, el canciller Roberto Velasco asumió una tarea de extrema urgencia: desactivar la bomba.

Velasco intentó contactar al jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, que lo ha llamado “amigo”, y luego al embajador Ronald Johnson. Solo le respondió un silencio absoluto. En la víspera, fue convocado a la Ciudad de México nuestro representante ante Washington, Esteban Moctezuma, quien en los seis años de su misión nunca logró acceso a las oficinas clave del poder en la capital norteamericana.

De pronto, Palacio se descubrió cachando una granada activada sin más que un puente frágil y levadizo con la Casa Blanca.

El “Caso Rocha” surgió cuando desde fuentes estadounidenses se filtraba que en lista de espera para formalizar denuncias similares están otros tres gobernadores, dos de estados fronterizos, y un alto jefe militar cercano durante décadas al expresidente López Obrador.

La decisión fue entonces ganar tiempo, confirmando que en política siempre se opta por el mal menor.

La tarde del jueves, en la víspera de solicitar licencia, el gobernador Rocha Moya convocó una reunión privada en Culiacán con la mayor parte de los imputados, en busca de alinear una estrategia. Los reportes disponibles es que ahí se desató una rebelión que podría atraer reflectores hacia otros actores, en particular los tres hijos varones del gobernador, a quienes se les atribuyen nexos de negocios que se extienden hasta el llamado Grupo Tabasco, por la vía del ubicuo Amílcar Olán.

Hasta la mañana del domingo había indicios de que al menos uno de quienes figuran en la demanda contra Rocha radicada ante un jurado en Nueva York podría solicitar a la justicia estadounidense la condición de testigo protegido. Sería el caso particular de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas e importante empresario constructor. Una versión sólida lo ubicaba con su familia a bordo de un avión privado que el sábado cubrió un vuelo directo entre Mazatlán y Nueva York.

Otro señalado, el senador Enrique Inzunza, no presentó por ahora solicitud para separarse del cargo —como sí lo hizo el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez—. Todo el grupo es ya peso muerto rumbo a la sucesión gubernamental del próximo año. Los interinatos definidos podrían estar arrojando luz hacia una postulación de Morena en alianza con el Verde, en su mayoría integrado por tránsfugas del PRI.

En una ruta paralela está corriendo el recuento de daños ante lo que ha ocurrido hasta ahora, en una concatenación de eventos que arrancó con el agrio debate por la presencia de agentes de la CIA en un operativo antinarco en Chihuahua (a partir del 19 de abril). A ello siguió el áspero discurso en Sinaloa, el día 24, del embajador Johnson, cuya hoja de vida acredita como motivo de orgullo su paso por la CIA. En un tono inusual en la etapa moderna del país, el diplomático tuvo un mensaje abierto contra la corrupción en México y la advertencia de que “pronto” se tomarían medidas al respecto.

El hilo de acontecimientos ha debido ir más atrás hasta topar con la detención y posterior extradición de Ovidio Guzmán López, en enero de 2023. Ello desembocaría en la colaboración de la banda denominada “Los Chapitos” para el secuestro de Ismael “Mayo” Zambada, en julio de 2024.

Un episodio sobre el que se ha detenido poco esta cronología es la detención, en febrero de 2025, de Jesús Ángel Canobbio Inzunza, quien posteriormente fue también extraditado a la Unión Americana. Es descrito ahora por fuentes de inteligencia estadounidense como el orquestador de la red de nexos con empresarios y políticos por parte de “Los Chapitos”. Su testimonio habría representado para las autoridades de la Unión Americana un insumo inapreciable para lo que está ocurriendo ahora. Y lo que venga después.