Sinaloa y Chihuahua: el juego del calamar político

El actual escenario político de México ha dejado de ser una disputa por la narrativa para convertirse en una lucha por la supervivencia biológica de sus cuadros. La desclasificación del expediente contra la cúpula de Sinaloa por parte del Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos y la crisis de soberanía nacional tras lo ocurrido en la sierra de Chihuahua, funcionan como las dos tenazas de una presión externa que ha transformado el sistema de poder en un tablero de alta letalidad. Se ha instaurado una dinámica donde el error más mínimo, el movimiento en falso o la lealtad mal calculada, equivale a una remoción definitiva, a una detención o, en el caso más severo, la aniquilación. Es una estructura de poder que hoy se asemeja a una competencia de eliminación donde la permanencia depende de una depuración que parece inevitable.

La secuencia de eventos que detonó esta crisis comenzó con una advertencia económica que ocultaba una sentencia política. El embajador estadounidense Ronald D. Johnson, al participar en el proyecto Pacífico Mexinol en Topolobampo, fue contundente al señalar que la inversión es un recurso que se seca ante la ausencia de transparencia. Sus palabras no apelaban a la ética administrativa, sino a la seguridad de los activos estratégicos de América del Norte. Para Washington, la viabilidad de la mayor planta de metanol del mundo en territorio sinaloense es incompatible con una administración estatal que el DOJ describe como una oficina de servicios para el tráfico de fentanilo. El mensaje fue el prólogo de una ofensiva judicial que ya estaba redactada en los despachos de Nueva York.

Este despliegue fuera de todo marco diplomático encontró su eco violento en Chihuahua. La muerte de dos agentes de la CIA y un alto mando de la investigación estatal en un barranco de la sierra, reveló la existencia de operaciones paralelas que operaban fuera del radar de la Ciudad de México. La renuncia del fiscal César Jáuregui y el hermetismo de la gobernadora Maru Campos frente a la Federación, dejaron al descubierto un sistema de seguridad fracturado. En Chihuahua, la destrucción de laboratorios de droga sin el decomiso de precursores químicos ni la detención de operadores, sugiere una gestión del territorio más que un combate al crimen. Estas acciones exponen a un Estado que no busca la justicia, sino que administra las áreas de influencia bajo la supervisión de agencias extranjeras que han decidido operar por cuenta propia ante la desconfianza en las instituciones nacionales.

Para el caso de Sinaloa, la solidez de la ofensiva contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza radica en la naturaleza de las pruebas acumuladas. El Departamento de Justicia ha construido un expediente que trasciende el testimonio de testigos protegidos para basarse en una triangulación de inteligencia de señales y registros financieros. La acusación detalla cómo la estructura del gobierno sinaloense habría proporcionado seguridad a cargamentos de droga y filtrado información de inteligencia a las facciones dominantes del “Cártel de Sinaloa” —la misma estructura a la que pertenecían los laboratorios “desmantelados” en la Sierra de Chihuahua—. Al incluir a funcionarios de finanzas como Enrique Díaz Vega, la fiscalía estadounidense apunta al corazón del sistema: la presunta integración de dinero ilícito en la gestión de recursos públicos y en la consolidación de campañas electorales.

Esta acumulación de evidencias coloca al sistema político en una parálisis preventiva. La precisión de los datos, que incluyen nombres de mandos policiales y detalles sobre reuniones operativas, indica que la penetración de las agencias estadounidenses en la administración de Sinaloa ha sido total durante años. Las acusaciones por delitos relacionados con armas de alto poder y el uso de fuerzas locales para custodiar narcóticos cierran cualquier espacio para la defensa institucional basada en la soberanía. Para Estados Unidos, Sinaloa ha dejado de ser una entidad federativa para ser tratada como un nodo criminal bajo gestión oficial, lo que justifica una intervención judicial de alcance extraterritorial.

Es imperativo subrayar que la ofensiva de Washington no emana de un espíritu de benevolencia justiciera ni de un compromiso desinteresado con el Estado de derecho, sino del pragmatismo crudo de su propia agenda de Seguridad Nacional. Las acusaciones y los despliegues de inteligencia son herramientas de una estrategia de control hemisférico que busca asegurar el dominio sobre recursos estratégicos —energía, minerales críticos y soberanía alimentaria— bajo la premisa de que cualquier autonomía política en la región que no se alinee con sus intereses es, por definición, una amenaza.

En este tablero, la justicia se utiliza como un mecanismo de gestión geopolítica: Estados Unidos no busca simplemente encarcelar delincuentes, sino disciplinar a las naciones y subyugar sus estructuras de gobierno para garantizar que el flujo de recursos y la estabilidad de sus mercados permanezcan bajo su supervisión directa, consolidando así su hegemonía sobre un territorio que considera su reserva estratégica vital.

La Geopolítica del Aislamiento y el Proyecto 2036

México se encuentra en una posición de anomalía política en el continente. Mientras la derecha recupera espacios de poder en América Latina y se alinea con la doctrina MAGA, el gobierno de Morena proyecta una hegemonía que busca extenderse por lo menos hasta 2036. Esta longevidad política es vista en Washington como una amenaza a la estabilidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La administración de Donald Trump, debilitada internamente por la inflación y el desgaste de los conflictos en Medio Oriente, ha identificado en la “limpieza” de la política mexicana una oportunidad de oro para las elecciones intermedias de noviembre. El fentanilo se ha convertido en el arma política que permite a Trump exigir una intervención directa en las estructuras de gobierno mexicanas. Si en el pasado, una década atrás, eso formó parte de su discurso, en este segundo periodo devino en mantra de su política intervencionista.

El desafío para la continuidad del proyecto de Morena es que su control territorial se construyó mediante alianzas con figuras y cacicazgos que Washington tiene ahora bajo la mira. El control absoluto del entramado político, que en teoría debería ser una fortaleza, se convierte en un pasivo cuando los cuadros que garantizan ese control son señalados por el Departamento de Justicia. Estados Unidos está utilizando la guerra jurídica para forzar una reestructuración de la seguridad en el norte de México, priorizando sus intereses energéticos y mineros por encima de la autonomía de los estados. La permanencia de figuras cuestionadas en el poder es interpretada por el equipo de Trump como una afrenta directa que justifica sanciones económicas y presiones arancelarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta la tarea de gestionar una transición que garantice la estabilidad nacional sin provocar un colapso interno en su movimiento. La colocación de figuras de su total confianza en la dirigencia de Morena sugiere el inicio de una depuración que busca profesionalizar al partido y alejarlo de los vínculos regionales peligrosos. Sin embargo, cualquier intento de remover a cuadros como Rocha Moya choca con el legado y la visión de Andrés Manuel López Obrador. El ex presidente ha mantenido una defensa férrea de la honestidad de sus aliados sinaloenses, viendo en las acusaciones, internas y externas, un intento de socavar la soberanía y el honor de su movimiento.

Sheinbaum debe decidir si protege la estructura heredada o si ejecuta una cirugía mayor para apaciguar la agresividad de Washington. Si opta por la protección, se arriesga a un asedio diplomático y financiero que podría paralizar su sexenio antes de que logre consolidar sus propios proyectos. Si elige la depuración, corre el riesgo de ser vista como alguien que cede ante la presión extranjera, lo que podría fracturar la unidad de Morena y debilitar su autoridad ante los liderazgos regionales que son indispensables para la movilización electoral. El factor AMLO actúa como un límite a la autonomía de la presidenta, obligándola a navegar entre el pragmatismo que exige la relación con Trump y la lealtad que demanda la base fundacional del partido.

La política mexicana ha entrado en una fase donde la inmovilidad es el único recurso de autoprotección, aunque esta sea, a su vez, una forma de condena. Los funcionarios señalados saben que cualquier intento de defensa pública puede ser utilizado en su contra en las cortes de Nueva York, mientras que el gobierno federal sabe que cualquier respaldo explícito aumenta el costo de la relación con Estados Unidos. Se ha configurado una dinámica de eliminación donde el sistema se ve obligado a deshacerse de sus piezas más expuestas para tratar de salvar el conjunto. El costo de los errores en este escenario es la remoción fulminante, ya sea por la vía de la justicia estadounidense o por la depuración interna necesaria para la supervivencia del régimen.

Este proceso de decantación definirá si México puede sostener un proyecto de nación autónomo hacia 2036 o si terminará aceptando una supervisión externa de sus instituciones de seguridad y justicia. La crisis de Sinaloa y Chihuahua no es el final de una era. En todo caso, es el inicio de una reconfiguración donde las cabezas de los gobernantes se han convertido en la moneda de cambio para mantener la estabilidad de un tratado comercial y la viabilidad de un proyecto político. En este juego de alta intensidad, la legitimidad de las urnas se enfrenta a la legitimidad de los expedientes judiciales, dejando al Estado mexicano en una vulnerabilidad que marcará el rumbo de la soberanía nacional en la próxima década.