¿Traición a la patria?
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En Palacio no están leyendo bien las señales, o en un arranque de soberbia característico del morenismo –con visión localista–, minimizan las presiones que vendrán en el futuro
El caso del linchamiento mediático y político al que están sometiendo a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, es de una hipocresía ofensiva. A una falta administrativa –como debe ser considerado el descuido cometido por la gobernadora Maru Campos–, los morenistas del Senado la califican ya como “traición a la patria” y, en contraste, desestiman una gravísima acusación de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios morenistas más, sobre quienes pesan acusaciones que los vinculan con protección al cártel dominante en la entidad y en muchas zonas del país.
¿Qué acusación es más grave?
Sin embargo, a Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza, los senadores morenistas y la presidenta Claudia Sheinbaum los protegen. De entrada, han desestimado las acusaciones norteamericanas y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya rechazó la petición de extradición por falta de sustento. Además, la cancillería tomó la estrategia ofensiva, haciendo llegar un extrañamiento a la embajada norteamericana por haber filtrado públicamente la información.
El conflicto con Estados Unidos parece inevitable y las repercusiones para nuestro país serían de alto impacto, empezando por sus consecuencias en la renegociación del T-MEC.
Seguramente en Palacio no están leyendo bien las señales, o en un arranque de soberbia característico del morenismo –con visión localista–, minimizan las presiones que vendrán en el futuro.
¿De dónde vendrá la información que seguramente pronto presentará la Fiscalía norteamericana?... Pues seguramente de declaraciones de quienes fueron la contraparte corruptora, o sea, los miembros del crimen organizado que hoy colaboran con la justicia de ese país.
El panorama se ve confuso para los liderazgos del morenismo. No olvidemos que el contralmirante Fernando Farías Laguna –supuesto protagonista del huachicol fiscal por 600 mil millones de pesos, o sea 30 mil millones de dólares– está en manos de la justicia argentina, que hoy juega del lado norteamericano a partir de la hermandad del presidente Javier Milei con el presidente Donald Trump y para con quien el gobierno mexicano no ha sido amable ni respetuoso.
Ante una petición de extradición por parte de México y al mismo tiempo de Estados Unidos, ¿por quién resolverá la justicia argentina?
Quizá la acusación más grave que enfrenta el gobernador Rocha Moya, de entre los argumentos norteamericanos para pedir su extradición, es lo relativo al apoyo que él obtuvo del poderoso cártel local para ganar la elección en 2021.
No sobra recordar que durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto –catalogado como una administración donde prevaleció la corrupción–, el mismo Gobierno Federal y la FGR investigaron y se encargaron de encarcelar a varios gobernadores de su propio partido: a Tomás Yarrington, de Tamaulipas; a Javier Duarte, de Veracruz; a Roberto Borge, de Quintana Roo; a Andrés Granier Melo, de Tabasco, y a Jesús Reyna, de Michoacán. Y además a los panistas Guillermo Padrés, de Sonora, y a Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes.
Difícil conocer los pensamientos profundos de los líderes morenistas, pero por los indicadores que se perciben, se vislumbra que el grupo cercano a López Obrador siente el agua en el cuello y está presionando para desconocer los tratados de extradición con Estados Unidos, aun a costa del rompimiento de las relaciones con ese país. Las fieras en peligro son una amenaza mortal.
La Presidenta se encuentra en la disyuntiva de optar por una de las dos alternativas y posiblemente esté evaluando cuál de las dos es la menos peor: evitar el conflicto con Estados Unidos aun a costa de una rebelión interna morenista detonada por los allegados a López Obrador, o entonces arroparse internamente en el partido y enfrentar las consecuencias del rompimiento con Estados Unidos, lo cual traería graves consecuencias para el país, e incluso para ella misma.
El tema importante para los mexicanos es saber si hoy existe en nuestra Presidenta la voluntad política para hacer honor a los compromisos internacionales firmados por México, como son los tratados de extradición. Lo que está en juego es el respeto al Estado de derecho. ¿A usted qué le parece?
