Transparencia en el INE
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La ciudadanía necesita reconocer en el INE a un árbitro imparcial, comprometido con la equidad electoral, en lugar de una institución donde parece haber privilegios
En “El Espíritu de las Leyes” (1748), Montesquieu advirtió que, si no tiene límites, quien ejerce el poder tiende a excederse. Esta reflexión sigue siendo fundamental para entender la vida democrática actual, porque nos recuerda que la libertad depende de que existan contrapesos capaces de impedir que la autoridad actúe sin vigilancia.
Lo anterior viene a cuento a propósito de lo que esté ocurriendo en el Instituto Nacional Electoral (INE). Los señalamientos acerca de presuntos gastos excesivos, contrataciones cuestionables y posibles favoritismos no pueden ni deben manejarse como simples asuntos administrativos. Si bien el INE atraviesa un momento complejo, las responsabilidades concretas deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes; sin embargo, la percepción pública ya representa un desafío que no puede ignorarse.
La democracia también necesita la certeza de que quienes organizan los comicios actúan con imparcialidad, austeridad y responsabilidad. Cuando la ciudadanía escucha sobre presuntos gastos excesivos o decisiones que parecen favorecer intereses particulares, la confianza se debilita y, sin esa confianza, la legitimidad de cualquier sistema electoral queda comprometida.
En el terreno constitucional, las atribuciones están definidas: la Cámara de Diputados tiene la facultad de designar a quien preside el Consejo General del INE, y hay legislación que establece los procedimientos para cubrir vacantes, investigar irregularidades y determinar responsabilidades.
La ciudadanía necesita reconocer en el INE a un árbitro imparcial, comprometido con la equidad electoral, en lugar de una institución donde parece haber privilegios.
En este contexto, la Cámara de Diputados tiene una doble responsabilidad. Por una parte, debe garantizar que cualquier sustitución en la presidencia del INE se realice conforme a la Constitución mexicana, mediante procedimientos públicos y plazos claros. Al mismo tiempo, debe sostener un mensaje firme: la austeridad y la transparencia no son negociables.
En México, la justicia, la equidad y la honestidad deben orientar el servicio público. Si el INE aspira a conservar su lugar como árbitro confiable de la democracia, tendrá que demostrar que está dispuesto a conducirse bajo esos principios. No hay justificación para el dispendio ni para los favoritismos. La transparencia es indispensable para preservar la confianza ciudadana.
Coordinador de los diputados de Morena
