Transparencia: la ‘cura’ contra la corrupción que no funcionó

Hace ya un cuarto de siglo que en México se discutió intensamente la creación de una normatividad que prometía convertirse en un parteaguas en la actividad gubernamental del país: la relativa a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública.

Los impulsores de la reforma que culminaría con la creación del INAI −hoy formalmente desaparecido− y un conjunto de reglas específicamente orientadas a eliminar la opacidad en el ejercicio del gasto público, repitieron hasta la saciedad la más cara de las promesas incluidas en aquella idea: sería un verdadero antídoto contra la corrupción.

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La promesa no transmutó nunca en realidad. O al menos no de forma total, pues las burocracias de todos los órdenes de gobierno se las arreglaron bien para resistir las intenciones de la normatividad, primero, y para evadir las consecuencias de esta, después.

El fracaso de la cultura de la transparencia es uno de los argumentos a partir de los cuales se construye la idea de que la corrupción es, ante todo, un problema de carácter cultural en nuestro país. Y es que, sin importar el color del partido que gobierne, los comportamientos indeseables en el sector público mexicano han prevalecido.

En gran medida eso ha ocurrido porque las redes de complicidad en el sector gubernamental lograron consolidar la cultura antagónica a la transparencia: la impunidad. Ello implica que los servidores públicos tienen claro que, más allá de ser honestos, ni siquiera tienen por qué ser transparentes.

Una muestra contundente de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo al comportamiento opaco de los entes públicos de Coahuila, cuyos responsables se dan el lujo de resistir incluso las órdenes que les da el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) para que entreguen información que les ha sido solicitada.

La cifra es escandalosa: en la última sesión del ICAI, de los 126 dictámenes contenidos en el reporte de cumplimiento de resoluciones de dicha institución, ¡el 70 por ciento correspondía a incumplimientos!

Para decirlo más claro: se trata de casos en los cuales un ciudadano solicitó una información a un ente obligado y éste no se la entregó o se la entregó incompleta, luego de lo cual el ciudadano acudió a ICAI y dicho organismo, tras analizar el caso, concluyó que el quejoso tenía razón y ordenó que la información le fuera entregada.

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Sin embargo, en 7 de cada 10 casos, los sujetos obligados de Coahuila decidieron desoír la orden que les fue remitida y no entregar la información requerida.

¿Por qué ocurre? La respuesta es simple: porque los sujetos obligados saben que nada pasará, pues la lucha por convertir a la transparencia en un elemento virtuoso de la vida pública en nuestro país es una en la cual el interés ciudadano ha sido derrotado en toda la línea.

La opacidad está de vuelta.