Coahuila: ‘Irregularidades’ en las cuentas, ¿significan algo?

Uno de los aspectos que con mayor amplitud se cubren en México −y a un alto costo− es el relativo a la “vigilancia y fiscalización” en el ejercicio del gasto público. Una miríada de ojos, instalados en múltiples instituciones públicas, se encargan de mantener una “vigilancia” permanente sobre los procesos de ejecución del presupuesto gubernamental.

Pese a ello, las comillas en el párrafo anterior resultan inevitables. ¿Por qué? La respuesta es sencilla: porque a pesar de existir múltiples mecanismos para garantizar el ejercicio pulcro y adecuado de los recursos colectivos, el resultado de todos esos esfuerzos es un estrepitoso fracaso.

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Y eso es algo que cualquiera puede comprobar de forma cotidiana, pues si algo menudea en el entorno son las historias −y las denuncias ampliamente documentadas también− sobre personas cercanas al poder a quienes, de forma repentina, les dan “ataques de prosperidad”.

El cuestionamiento surge de forma obligada: ¿cómo es posible que, habiendo una vigilancia tan estrecha en torno al gasto público, los casos de corrupción sigan siendo la regla, sin importar el partido político que gobierne?

La respuesta a esta interrogante es también sencilla: porque las tareas de vigilancia y fiscalización son, en realidad, una impostura, una coreografía que se desarrolla, año tras año, y durante la cual existe un momento de dramatismo que aparenta ser el anuncio de un desenlace deseable, pero que termina siendo sólo pirotecnia mediática.

Muestra de ello es el reporte que publicamos en esta edición, relativo a las observaciones que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha realizado a la cuenta pública del Instituto que administra las clínicas del magisterio en Coahuila, correspondiente al año 2023.

De acuerdo con el informe de resultados de la ASE, publicado en diciembre pasado, se detectaron “irregularidades” que implican ¡el 55 por ciento del presupuesto total del instituto!

Se trata, a no dudarlo, de una proporción escandalosa pues, así planteado el asunto −por la propia ASE−, indica que quienes tienen a su cargo la ejecución del presupuesto en el organismo citado tienen un desorden de proporciones monumentales.

Y si esto es cierto, el asunto tendría que dar paso, de inmediato, a la implementación de medidas de emergencia para “estabilizar” un organismo que, a partir del diagnóstico realizado por la ASE, equivaldría a un paciente que requiere ser ingresado a una unidad de terapia intensiva.

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Lejos de tal posibilidad, sin embargo, este tipo de “diagnósticos” es de lo más frecuente en nuestro país y nunca −o muy rara vez− deriva en la imposición de sanciones, o en la destitución de algún funcionario.

Así, las escandalosas “irregularidades” de hoy se diluirán en el tiempo y, dentro de 12 meses, serán sepultadas por el siguiente “escándalo” documentado por la misma instancia, en una sucesión interminable de “observaciones” que son, al final, absolutamente inútiles.