Transporte público: no puede ser ‘rentable’

Uno de los “errores históricos” que el antiguo régimen cometió fue el de nunca tomarse en serio la obligación de construir sistemas de transporte público que contemplaran la movilidad como un derecho. Hoy, tras décadas de persistir en un esquema inviable, todos pagamos las consecuencias.

Y es que desmontar el sistema de concesiones, cuyo objetivo fundamental nunca fue el de asegurarle a la ciudadanía un esquema de movilidad digno, sino sólo garantizar lealtades políticas para beneficio del grupo que detentaba el poder, no es tarea sencilla.

En el núcleo del problema se ubica un paradigma profundamente arraigado en el ideario de quienes fueron largamente los beneficiarios del esquema de concesiones: el transporte público es –o puede ser– “rentable”, es decir, es posible garantizar su operación en condiciones seguras, asequibles, modernas y dignas y, además, producir ganancias económicas.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, no hace falta sino voltear a ver los ejemplos que existen alrededor del mundo entero para tener claro que eso no es posible. No existe un sólo ejemplo en el planeta de un modelo de transporte público –que opere a partir de considerar la movilidad un derecho– que sea rentable.

Y no es que, en términos estrictamente financieros, no pueda diseñarse un sistema de tales características. Lo que ocurre es que, para hacer rentable el modelo, tendría que cobrarse una tarifa que colocaría fuera del alcance de casi todo mundo el transporte público.

Por ello, allí donde existe un sistema que pueda considerarse digno –incluidos los ejemplos de nuestro país, aunque no son los mejores–, éste opera a partir de un subsidio. En otras palabras: o se le inyecta dinero público o el sistema simplemente no funciona. O puede funcionar, pero a condición de ser el desastre que hoy tenemos en Saltillo.

Los concesionarios, e incluso algunos servidores públicos, insisten en afirmar que sí hay rutas rentables y que la prueba es que el modelo actual ha operado largamente. La realidad es bien distinta: la “rentabilidad” que se presume sólo es verdad porque se ofrece un servicio de pésima calidad y se obvian costos que lo vuelven indigno para sus usuarios y para quienes lo operan.

Las unidades no cumplen con los requerimientos mínimos, ni de antigüedad, ni de seguridad, ni de condiciones mecánicas; los choferes no son empleados que gocen de las prestaciones que ordena la ley, ni las rutas están concebidas para beneficio de los usuarios.

Si la autoridad hubiera obligado alguna vez a los concesionarios a cumplir con los requisitos mínimos de un sistema de transporte que la ciudadanía pudiera considerar digno, hace mucho tiempo que cualquier “inversionista” habría tirado la toalla ante la realidad financiera de un esquema de este tipo.

Así pues, insistir en que el esquema de concesiones puede ser rentable tan sólo enmascara la realidad y retrasa la toma de las decisiones que hacen falta para transformar de fondo el sistema de transporte de Saltillo.