Trata de personas: ¿alguien se ocupa de combatirla?

El ejercicio de la prostitución, se sabe con absoluta certeza, se encuentra vinculado a la comisión de una amplia gama de conductas delictivas. Y eso implica que millones de personas en el mundo entero integran la inaceptable lista de víctimas de dichos delitos.

La parte más condenable de esta realidad la sufren las personas –mayoritariamente mujeres– que son obligadas a realizar tal actividad, así como menores a quienes se prostituye. La conducta está catalogada como delito y constituye una preocupación global.

No es, pues, un acto de puritanismo o una posición construida desde cierta moralidad lo que conduce a condenar la trata de personas. Se trata de una postura obligada que se orienta a defender los derechos de quienes son explotados sexualmente, en gran medida porque sus circunstancias personales los han colocado en una situación de vulnerabilidad.

No se busca condenar el que cualquier individuo adulto decida recrear su sexualidad en la forma que le resulte más conveniente, sino de actuar en contra de quienes, aprovechando la vulnerabilidad de las personas, obtienen ganancias económicas a partir de la explotación humana.

Sobre todo, se trata de proteger a las infancias que, por desgracia, constituyen una porción muy amplia de las víctimas de explotación sexual. La Organización de las Naciones Unidas calcula que el volumen de niñas que son sometidas a esta práctica se aproxima al 40 por ciento del total.

Señalar el contexto anterior es relevante porque permite observar con otra mirada el reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que en Saltillo proliferan las ofertas de comercio sexual, en distintas zonas de la mancha urbana, a través de plataformas digitales.

Como se consigna en el reporte, VANGUARDIA detectó la existencia de anuncios digitales y, a partir de estos, contactó con una veintena de oferentes de dichos servicios, lo cual permitió constatar que en la mitad de esos casos, el servicio se ofrece “a domicilio”.

Resulta claro que la relajación en la vigilancia de esta práctica ha provocado que las ofertas se realicen de forma abierta, como si se tratara del comercio de cualquier bien o servicio.

¿En cuántos de esos casos podrían existir menores de edad involucrados? El riesgo es real porque todo indica que nadie está poniendo atención al fenómeno y justamente por ello es que la actividad pareciera desbordada, es decir, se realiza sin contención alguna.

Y el problema ya no está en señalar que la prostitución solamente puede ejercerse –de forma regulada– en la “Ciudad Sanitaria”, sino en advertir que la proliferación de este tipo de “servicios” revela la existencia de una “industria” que tiene detrás a personas que seguramente incurren en delitos.

Cabría esperar que las autoridades responsables de actuar en este tipo de casos lo hagan. Y que lo hagan sin dilación.