Contaminación ambiental: Multar no debe ser el objetivo de la autoridad

Una de las características esenciales de las sociedades modernas es la existencia de un sistema normativo que fija posición en relación con las conductas humanas: las que hemos clasificado como deseables las protege y las que se ubican en el lado opuesto de la mesa las castiga.

De esta forma, el sistema normativo, basado en leyes creadas por un poder público, se constituye como el instrumento fundamental a través del cual los seres humanos pretendemos construir comunidades caracterizadas por un piso mínimo de garantías para el desarrollo de las personas, en condiciones de igualdad y dignidad.

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Entre las muchas reglas que forman parte de nuestro esquema legal se encuentra el derecho humano a un medio ambiente sano.

¿Qué quiere decir esto? Que las personas, por el sólo hecho de serlo, tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente que no implique un riesgo para nuestra salud ni ponga en peligro nuestra supervivencia. Y para lograr dicho propósito, el esquema normativo ha establecido obligaciones para todas las personas que integramos la sociedad.

Algunas de esas reglas son prohibiciones y nos aplican a todos. Es decir, se trata de conductas que debemos evitar porque ello implica deteriorar el medio ambiente. Para decirlo con mayor claridad, se trata de reglas que prohíben conductas que implican contaminar el suelo, el agua o el aire.

Otras reglas tienen que ver con las obligaciones que la Ley impone a quienes, desde una posición gubernamental, deben asegurarse de que el primer conjunto mencionado se cumpla. Para ello se ha dotado a dichas autoridades de una serie de facultades de supervisión y coerción.

Las últimas –las de coerción– implican que quien se resista a cumplir con el deber que le impone la ley puede ser forzado a ello mediante el uso de la fuerza, además de que su conducta puede ser objeto de una sanción, entre las cuales figura la imposición de una multa.

Esquematizar el modelo teórico a partir del cual hemos decidido asegurarnos de que nuestra conducta no se convierta, a la postre, en una amenaza para nuestra integridad presente y supervivencia futura es importante para tener claro que, en el propósito de contar con un medio ambiente sano y de esta forma garantizar el derecho humano inherente, las multas no son el elemento más importante.

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Están ahí para servir de disuasor en caso necesario y deben aplicarse sin contemplaciones en contra de quienes se resistan a cumplir con las obligaciones que tienen. Pero antes de multar es preciso que las autoridades ambientales desplieguen esfuerzos orientados a lograr el objetivo principal de su función: evitar el deterioro del entorno.

Porque no importa el monto de la multa ni el número de veces que esta se aplique: si la autoridad se limita a sancionar infractores, el dinero que se recauda por multas no alcanzará para revertir el deterioro causado al medio ambiente. Y si perseveramos en esa actitud llegará el momento en que ya no importe si se multa o no.