‘Universidades patito’, ¿por qué han proliferado en Coahuila?
La proliferación de ‘universidades patito’ es un fenómeno que debe llevar a cuestionar, sobre todo, la forma como las autoridades educativas realizan su trabajo
“Hay (en Coahuila) muchas universidades que están ofreciendo carreras sin reconocimiento oficial y también están haciendo cobros indebidos”.
El señalamiento anterior fue realizado por Domingo Hernández, titular de la oficina de enlace de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en Coahuila, tras dar a conocer que se han multiplicado las denuncias en contra de instituciones privadas de educación superior por ofrecer carreras que carecen de validez oficial.
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El señalamiento es alarmante. De acuerdo con el funcionario, la dependencia a su cargo ha recibido ya 60 denuncias formales, la mayor parte de las cuales corresponden a Torreón, situación que conducirá a la realización de verificaciones en los planteles, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
La reacción de la autoridad es la deseable, sin duda. No puede tolerarse que proliferen establecimientos que captan estudiantes, cobran cuotas de inscripción, colegiaturas y otros cargos sin contar con todas las autorizaciones requeridas para su operación.
Sin embargo, resulta obligado cuestionar cómo es que hemos llegado a la situación actual. ¿Por qué se ha permitido que operen estas “universidades patito” –como se les conoce coloquialmente– como si actuaran de forma clandestina, en las sombras?
Y es que si algo debe señalarse en torno a esta realidad es que las escuelas de este tipo no son organizaciones que realicen sus actividades de forma oculta, sino que operan a plena luz del día, se promocionan abiertamente y reclutan estudiantes de forma transparente.
Peor aún: ¿por qué se han acumulado hasta 60 denuncias de este tipo sin que se haya actuado de forma contundente? ¿Acaso las autoridades responsables de regular la operación de este tipo de instituciones carecen de protocolos ágiles que les permitan actuar con celeridad?
Por otra parte, es necesario recordar que no se trata de la primera ocasión en la cual surge información relacionada con la operación irregular de instituciones privadas de educación, las cuales han proliferado en México, y en nuestra entidad, a partir de, todo hace indicar, una muy laxa actitud oficial.
Es de saludarse, desde luego, que las autoridades federales hayan decidido actuar y anuncien la realización de operativos para identificar y, esperemos, sancionar a las “universidades patito” que defraudan a quienes han confiado en ellas y les han entregado sus recursos.
Pero cabría esperar que la intervención de la SEP y la Profeco tenga como propósito fundamental el poner punto final a esta práctica nociva que se viene repitiendo desde hace ya demasiado tiempo y ha afectado a cientos, quizá miles de familias.
Esperemos, como se ha dicho en múltiples ocasiones anteriores, que no sea demasiado pedir.
