Viernes negro en el régimen obradorista
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Cuando funcionarios del más alto nivel cometen delitos y son protegidos, la negligencia se convierte en complicidad, enviando el mensaje de que la ley es selectiva, flexible y negociable
En un país que se respetara, con un gobierno que cumpliera con lo que manda la ley, con una oposición que funcionara como contrapeso, organismos que reforzaran la rendición de cuentas y una sociedad que se escandalizara por los abusos del poder y se movilizara para impedirlos, el viernes pasado esto hubiera sucedido:
1) El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habría sido separado de su cargo. La Secretaría Anticorrupción habría iniciado una investigación para cuidar el buen gobierno, y la Fiscalía General de la República hubiera abierto una carpeta de investigación por el uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias y peculado, por haber aceptado que su hijo viviera del erario durante ocho meses en la Embajada de México en el Reino Unido, donde la titular era su subordinada. No habría división de opiniones sobre su comportamiento ilícito, producto de una legalidad selectiva, aun entre quienes la proclaman como pilar, ni un día siguiente como si no hubiera pasado nada. El reconocimiento de Ebrard lo convirtió en un delincuente confeso.
2) El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, habría sido cesado por ser incapaz de cumplir su función y con sus responsabilidades, reveladas por él mismo al haber ocultado y desinformado a la Presidenta porque, como dijo de manera cándida y patética al mismo tiempo, sus subordinados le obstruyeron el acceso a la información sobre el derrame de crudo en el Golfo de México. Por lo mismo, también debería haberse abierto una investigación en la Secretaría Anticorrupción para determinar la gravedad de sus omisiones. Su actitud pusilánime no está tipificada en ningún código penal, pero la condena social debió haber sido unánime.
3) La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, tendría que haber sido denunciada ante el ministerio público por la probable causa de la comisión del delito de daños patrimoniales y a la fauna marina, al haber negado la existencia del derrame y al engañar a la Presidenta sobre el origen de éste y su impacto ambiental. Las autoridades judiciales debían haber iniciado una acción porque lo que hizo puede derivar en delitos penales o faltas administrativas. El Congreso estatal tendría que haber iniciado un procedimiento de juicio político, por esas razones y por una más grave, que tendría que haber ido acompañada de una denuncia penal: mentir y engañar, al mostrar playas y decir que no había daño alguno; cuando menos, por muy duro que se oiga, hay una probable causa de tentativa de homicidio.
No es cosa trivial o anecdótica lo que sucedió el viernes, aunque, sometidos a tantos escándalos de alto impacto, los hemos subsumido como parte de nuestro paisaje cotidiano. Nuestra capacidad de asombro está prácticamente anulada, y la falta de reacción ante las omisiones y soslayamientos del gobierno nos mantiene en una situación sociopolítica catatónica. Hemos olvidado que las sociedades muestran su carácter por lo que hacen y por lo que dejan de hacer, mientras que los gobiernos se definen por lo que hacen y por lo que omiten.
Pero hay un tercer tipo de gobierno, más peligroso, que se caracteriza por lo que tolera. No es una diferencia menor. La omisión puede explicarse en la incapacidad. La tolerancia, en cambio, revela decisión. Un gobierno que no refuerza la rendición de cuentas no es simplemente uno distraído o rebasado. Es uno que ha optado por debilitar deliberadamente los mecanismos que lo vigilan. Los casos de Ebrard, Rodríguez Padilla y Nahle definen al actual.
La presidenta Claudia Sheinbaum se molestó con el secretario el mismo día en que se reveló su delito, y le ordenó ir a la mañanera a explicarlo. Tras sus justificaciones, la Presidenta quedó más molesta con él porque aumentó la confusión, pero no hizo nada más. El director de Pemex es un viejo amigo de ella y, mantra del obradorismo, la lealtad supera a la incompetencia. Nahle es su gobernadora favorita –Veracruz es el estado que más ha visitado en el sexenio–, y tiene una muy estrecha relación con ella. Para los cuates y los funcionales, la protección es total.
Para el gobierno, todo parece pan comido. Cualquier escándalo que estalle, lo normaliza y sepulta fácilmente. Hace lo que quiere, porque puede. El régimen ha creado un ecosistema donde la opacidad es el combustible del sistema que tolera incompetencias y mediocridades, y tipifica el error como una práctica del gobierno. Se toman decisiones equivocadas y no hay consecuencias. Se revelan delitos y nuevamente cae el silencio.
Pero cuando sucede lo del viernes negro, donde funcionarios del más alto nivel cometen delitos y son protegidos, la negligencia se convierte en complicidad, enviando el mensaje de que la ley es selectiva, flexible y negociable. Esto lleva a la erosión de la legitimidad, aunque tampoco le importe. Tienen una maquinaria de encuestas en medios nacionales y extranjeros a modo, que construye legitimidad con mediciones alteradas.
Sin embargo, el problema de fondo es estructural. En sistemas donde la rendición de cuentas es débil, la ley deja de ser una regla general y se convierte en un instrumento político. Se castiga o se perdona no en función del acto, sino de quién lo comete y de su valor dentro del equilibrio de poder. Se produce una ruptura del principio básico de igualdad ante la ley. Y eso no es un error metodológico: es una señal de cómo realmente está operando el sistema.
Lo pudimos ver todos en el discurso de la presidenta Sheinbaum en Barcelona el sábado para hablar sobre la democracia, donde los grandes temas que estuvieron ausentes de su mensaje fueron el Estado de Derecho, las instituciones democráticas y la rendición de cuentas. Reemplazó la democracia procedimental por la legitimidad material y reformuló el sistema de gobierno obradorista como una democracia en términos sociales, no institucionales, donde si el “pueblo” –despersonalizó el poder y lo transfirió retóricamente al “pueblo”– dice que esto es bueno, se hace, validando en la narrativa esperpentos como los acordeones judiciales.
Entonces, el “pueblo” permite que no despidan al incompetente Rodríguez Padilla, que no se le exijan cuentas a Nahle y que Ebrard siga burlándose de todos. Bajo este nuevo marco regulatorio de ánimos y decisiones, el régimen avanza sin consecuencias. El viernes negro fue sólo un tropiezo para el obradorismo y sus simpatizantes, pero para el resto definió el momento actual que vivimos y mostró el camino hacia donde vamos: el autoritarismo.
