¿Y al Gobierno de Coahuila quién lo audita?

Antes de que asumiera su encargo como presidente municipal de Piedras Negras, le comenté a Jacobo Rodríguez que se preparara porque, sin importar qué y cómo lo hiciera, el Gobierno de Coahuila lo iba a perseguir y a auditar en exceso, hasta el extremo de fabricarle cualquier cosa. Y no es que yo tenga la capacidad de predecir el futuro, pero sí conozco la historia y la he vivido de cerca. Se ha hecho en la entidad en contra de municipios opositores desde 1979.

Frente a ello, le dije que tendría dos opciones: agachar la cabeza y ser cómplice o enfrentar al sistema con valentía y ejercer el mandato para el cual lo eligieron, asumiendo las consecuencias que ello pudiera traer. No sería el primero ni el último en desafiar, pero sí uno de los muy pocos que se han atrevido. Hoy en día, el alcalde parece haber elegido la segunda opción: ejercer su mandato y no ceder a la complicidad. En consecuencia, vamos en la etapa de auditorías desmedidas y pronto vendrá la de fabricación de irregularidades.

En Coahuila, el PRI ha logrado mantenerse 97 años ininterrumpidos en el Poder Ejecutivo gracias, entre otros factores, a una estructura política y electoral sostenida con abundantes recursos. Este dinero público no está sujeto a una fiscalización independiente, porque el propio aparato gubernamental conserva el control de las instituciones encargadas de vigilar y auditar. Así, el ejercicio del poder termina siendo revisado, justificado y avalado por organismos que el propio Gobierno estatal controla.

El Congreso del Estado tampoco representa un contrapeso efectivo. Cuando el PRI estuvo en riesgo de perder mayorías legislativas, se reformó el sistema para elegir diputados locales en dos momentos distintos del sexenio: en la elección concurrente con la gubernatura, donde se moviliza la estructura partidista; y en la elección exclusiva de diputados, donde se apuesta por la abstención y por una oposición cooptada o reprimida. A falta de participación ciudadana, la estructura territorial financiada con recursos públicos termina imponiendo los resultados.

En el Poder Judicial ocurre algo semejante. Antes, los magistrados y jueces eran designados mediante propuestas del mandatario a un Congreso sumiso. Así fue electo el magistrado presidente, el que se pone el chaleco verde del Gobierno de Coahuila y le aplaude al gobernador más que una apasionada lideresa de colonia. Ahora, con el nuevo modelo de elección popular, el proceso se volvió más complejo y la participación ciudadana fue muy limitada.

En Coahuila, un pacto entre el gobierno estatal y el federal permitió una movilización electoral inusual: el Movimiento Territorial del PRI habría votado por candidatos federales afines a Morena, mientras se respetaba su control local sobre los jueces del estado. De esa manera, cada grupo conservó influencia sobre su respectivo Poder Judicial. Este fue uno de los estados donde más se votó y, en el caso de la ministra Loretta Ortiz, el lugar donde más sufragios obtuvo sin hacer campaña.

Regresemos entonces a la pregunta central: ¿quién audita al Gobierno de Coahuila?

La Auditoría Superior es la institución responsable de fiscalizar el uso de alrededor de 100 mil millones de pesos del gobierno estatal y de los municipios. Depende del Congreso, y el auditor superior tiene la facultad de nombrar a quienes ocupan los principales cargos dentro del organismo: precisamente los funcionarios encargados de revisar la información financiera y administrativa de la entidad.

El auditor superior ha construido su carrera dentro de espacios vinculados al PRI, desde la Universidad Autónoma de Coahuila hasta el municipio de Torreón y la Secretaría de Finanzas del Estado. ¿Puede esperarse de él y de su equipo una revisión plenamente independiente? ¿Se atrevería a cuestionar decisiones administrativas del Ejecutivo estatal, aun cuando encontrara irregularidades?

Al momento, pareciera que el de Coahuila es un gobierno perfecto; la única otra explicación es que el auditor no se atreve a hacer su chamba.

No se trata únicamente de detectar actos intencionales de corrupción, aunque en una administración grande y compleja seguramente existen. También deben revisarse los errores humanos, las omisiones, las decisiones equivocadas y las fallas administrativas que pueden costar millones de pesos a los coahuilenses. Una auditoría verdaderamente autónoma debería señalar todo eso sin temor a represalias ni a compromisos políticos.

Es así como tenemos un sistema que audita hasta la última silla y el último vaso utilizados en la feria de Piedras Negras, pero mantiene un silencio sepulcral sobre los cientos de millones que cuesta el Rodeo de Saltillo. Bajo esa misma lógica, al SIMAS de Piedras Negras le fiscalizan hasta la última pluma, pero poco importa que Saltillo se inunde año tras año y lluvia tras lluvia, a pesar de los cuantiosos recursos que se destinan anualmente a infraestructura hidráulica. ¿Acaso se atrevería a cuestionar al exalcalde saltillense?

Así es Coahuila, donde mucho les preocupa una aplicación digital que da servicio a los ciudadanos de Piedras Negras, pero no hay espacio para preguntarse, desde la Auditoría, por el uso excesivo de aviones privados por parte de funcionarios estatales o por las mansiones que se construyen algunos de los más cercanos al gobernador, servidores públicos a los que no se les conoce pasado empresarial ni tía rica. Así va la transparencia y la rendición de cuentas de Coahuila, “A Pasos de Gigante”: lenta, muy lenta.

Sin una vigilancia independiente, el dinero público queda expuesto a la discrecionalidad, la opacidad, la corrupción y la impunidad.

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