Aprueba Congreso ley para regular ‘anexos’ en Coahuila

Por unanimidad, el Congreso de Coahuila aprobó la Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones, iniciativa impulsada por el diputado del Partido Verde, Jorge Valdés, y presentada el pasado 5 de diciembre, con el objetivo de poner orden en la operación de los llamados anexos y centros privados de salud mental en la entidad.

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La ley se compone de siete capítulos que abarcan desde la definición de conceptos y el ámbito de aplicación, hasta la protección de los derechos de las personas usuarias, las obligaciones de los establecimientos, la coordinación entre autoridades y los mecanismos para presentar y atender quejas. También establece la creación y funcionamiento de un comité encargado de la supervisión, así como las facultades de las dependencias estatales y municipales involucradas.

Entre los principales alcances del nuevo marco normativo se encuentra el registro obligatorio de los establecimientos que operan en el estado, la supervisión en coordinación con la autoridad sanitaria federal y la alineación con los lineamientos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), así como con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

El dictamen destaca que, antes de esta ley, existía un vacío normativo que permitió la operación de centros sin control, en algunos casos con prácticas que vulneraban la dignidad, la integridad física y psicológica, y la autonomía de las personas usuarias. La nueva regulación prohíbe el internamiento forzoso, garantiza el consentimiento informado y refuerza la obligación de notificar ingresos y egresos a las autoridades correspondientes.

La legislación también incorpora un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con medidas específicas para prevenir tratos crueles o degradantes, evitar la discriminación y proteger a grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se establecen lineamientos para la atención diferenciada y segura de mujeres, y se refuerza la protección de niñas, niños y adolescentes.

Esta iniciativa fue resultado de más de un año de trabajo interinstitucional, en el que, a través de mesas de trabajo, participaron dependencias estatales, organismos autónomos y autoridades de seguridad y salud, con el fin de construir una ley técnicamente sólida y coordinada con la federación.