CNDH señala abandono institucional en suicidio de interno LGBT+ en Cefereso de Ramos Arizpe

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 19/2026 por un caso de negligencia institucional que derivó en el suicidio de un interno del Centro Federal de Reinserción Social No. 18 en Ramos Arizpe, quien pertenecía a la comunidad LGBTTTIQ+.

Tras más de tres años de la muerte del interno, la CNDH acreditó responsabilidad tanto del penal federal como de la Fiscalía General del Estado de Coahuila por omisiones médicas, fallas en la custodia y deficiencias en la investigación en torno al fallecimiento registrado el 22 de febrero de 2023.

De acuerdo con el expediente, el interno cuyo nombre fue reservado por la Comisión, ingresó al penal en diciembre de 2020 con antecedentes documentados de trastorno bipolar e ideación suicida.

Sin embargo, durante más de dos años de internamiento únicamente recibió una valoración psicológica y no contó con el tratamiento psiquiátrico que ayudara a mejorar la situación a través del suministro de medicamentos, pese a los riesgos advertidos.

En el análisis, la Comisión documentó que el propio interno alertó durante su estancia sobre su situación emocional y el entorno que enfrentaba dentro del centro penitenciario e incluso, en una nota redactada el 1 de octubre de 2021 durante una sesión psicológica, manifestó sentirse “vulnerable, debido a que expresó abiertamente su preferencia sexual” al interior de las celdas.

Además de las omisiones médicas, la CNDH señaló que las autoridades penitenciarias ignoraron reportes de amenazas y posibles agresiones, pues en otro informe, justo un mes antes de su fallecimiento, el interno solicitó ser reubicado tras recibir amenazas directas de otro interno y fue ignorado.

Fue durante la madrugada del 22 de febrero de 2023, cuando el interno fue encontrado suspendido dentro de su celda y los análisis criminalísticos realizados por la CNDH concluyeron que permaneció al menos dos horas sin vigilancia por parte del personal de custodia antes de ser localizado.

La recomendación también expone irregularidades en la actuación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila al no investigar el caso bajo los lineamientos del Protocolo de Minnesota para muertes ocurridas bajo custodia del Estado y entre las omisiones detectadas se encuentra la falta de entrevistas a internos de celdas cercanas y al interno que presuntamente emitió las amenazas.

Asimismo, la autoridad ministerial no aseguró las grabaciones de videovigilancia del módulo penitenciario, lo que derivó en la pérdida de evidencia considerada “fundamental” para la investigación.

Además, la CNDH señaló que la carpeta sobre el fallecimiento, fue integrada sin perspectiva de diversidad sexual y sin indagar posibles responsabilidades del personal médico y custodios por comisión por omisión, y por otro lado, documentaron que familiares de la víctima señalaron que desconocen los avances de la investigación y acusaron falta de comunicación por parte de la Fiscalía.

La recomendación concluye que el suicidio fue resultado de un entorno carcelario negligentemente hostil, la ausencia de atención médica adecuada y una investigación deficiente que vulneró el derecho a la verdad y a la justicia de sus familiares.

Tras acreditar que las autoridades cometieron violación al derecho humano a la protección de la salud en su modalidad de bienestar mental, en correlación con los derechos a la seguridad jurídica y legalidad, así como a la integridad personal y a la vida, emitió una serie de puntos.

Entre los puntos a cumplir, está que las autoridades de las que depende el Centro, deben reparar el daño a la familia, brindar capacitación, y colaborar en los asuntos de carácter administrativo y penal contra los funcionarios que incumplieron con sus deberes.