Coahuila: ‘coyotaje de agua’ en Parras impacta a Región Sureste

La crisis de disponibilidad de agua en la Región Sureste de Coahuila podría ser irreal pues tiene su origen en el “tráfico de registros de extracción”, práctica extendida sobre todo en el municipio de Parras, donde dueños de predios rurales han obtenido de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documentos que amparan la operación de pozos inexistentes.

La hipótesis anterior se desprende del análisis de documentos y estadísticas oficiales, así como de testimonios recabados por VANGUARDIA de diversas fuentes cercanas al tema.

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El origen del fenómeno se encuentra en un conjunto de acuerdos generales, firmados por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013. Su expedición, según lo consigna la Conagua en su página web, implicó suspender el “libre alumbramiento de las aguas subterráneas en todo el territorio nacional”.

Sin embargo, desde la emisión de los acuerdos, que cobraron vigencia el día de su publicación, la Conagua ha seguido expidiendo registros de libre alumbramiento, hecho que ha impactado de forma grave la disponibilidad de agua en el acuífero Saltillo Sur, del cual se surte la población urbana y rural de la capital coahuilense.

Y es que, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en los acuerdos mediante los cuales se ha difundido la disponibilidad de agua en dicho acuífero, entre 2018 y 2020 el volumen de extracción mediante la modalidad de “libre alumbramiento” se multiplicó por 12, pasando de 4 mil 500 a 55 mil 949 millones de metros cúbicos.

El crecimiento anterior implicó que el déficit en la disponibilidad de agua del acuífero Saltillo Sur, es decir, la diferencia entre la recarga anual y la extracción realizada por todos los usuarios pasara, de 800 mil a 52 millones 476 mil metros cúbicos, es decir, creció más de 65 veces en el plazo citado.

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Para dimensionar esta variación es preciso tener en cuenta que el crecimiento de los registros “de libre alumbramiento”, otorgados por CONAGUA entre 2018 y 2020, equivale a 51 millones 430 mil metros cúbicos, lo cual es prácticamente la misma cantidad de extracción que el municipio de Saltillo tiene concesionada actualmente.

¿CIFRAS IRREALES?

Diversas fuentes consultadas por VANGUARDIA, quienes hablaron a condición del anonimato, aseguraron que muchos de los registros otorgados por Conagua, después de establecerse la veda al libre alumbramiento, corresponden a pozos inexistentes.

“Personal de Conagua, de los organismos operadores municipales y de otras dependencias, han realizado recorridos en campo y han constatado que los pozos no existen. Solamente tramitaron el documento para traficar con él”, aseguró una de las fuentes consultadas.

¿Por qué tramitaría alguien un documento que ampara el registro de un pozo inexistente? Diferentes fuentes, consultadas por separado, coincidieron en señalar que, dada la condición de veda prevaleciente en la Región, un documento como éste incrementa el valor de los predios.

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“Si tú vas ahorita a Conagua y pides permiso para hacer un pozo no te lo van a dar. Por la Veda. Y si no tienes agua, tu terreno vale menos. Pero si tienes un papel que dice que en tu predio hay un pozo -que se perforó antes de la veda-, entonces tu terreno vale más”, explicó una de las fuentes.

Esta misma precisó que los certificados de registro han sido obtenidos porque “Conagua no tiene personal para ir a revisar que el pozo realmente existe”, razón por la cual las peticiones se tramitan bajo el principio de buena fue y a partir de una declaración que hace el solicitante “bajo protesta de decir verdad”.

¿QUÉ ES EL LIBRE ALUMBRAMIENTO?

De acuerdo con el quinto párrafo del artículo 27 constitucional, “las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno...”.

En su página web, la Conagua explica que alumbrar libremente el agua subterránea “significa que cualquier interesado puede construir una captación y extraer de ella el volumen de agua que requiera, sin necesidad de contar con un permiso o concesión de la Autoridad del Agua en turno, que actualmente es la Comisión Nacional del Agua”.

Este derecho, sin embargo, se encuentra acotado. Según la propia Constitución, “cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional”.

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En el caso del acuífero Saltillo Sur, de acuerdo con las fuentes consultadas, el establecimiento de la veda implicó abrir un espacio temporal para que, quienes habían construido pozos antes de esta, sin contar con una concesión, acudieran a la Conagua a informar de su existencia, luego de lo cual se les expedía un registro.

Censar los pozos no concesionados tenía como propósito contar con un registro completo de todas las extracciones, a fin de calcular correctamente la disponibilidad de agua en el acuífero. “Pero hubo gente que se puso lista y aprovechó para registrar pozos inexistentes”, explicó una fuente.

Tal práctica, de acuerdo con el estudio “Libre alumbramiento en la Legislación Mexicana y violaciones de la CONAGUA”, publicado en 2020 por la académica y activista por los derechos del agua Gloria Tobón, se ha dado sobre todo en el municipio de Parras, donde la Conagua expidió, entre 2013 y 2018, más de 140 registros que reconocen extracciones en el acuífero Saltillo Sur. En comparación, en el mismo período solamente se otorgaron 3 registros adicionales en el municipio de General Cepeda.