Congreso aprueba prórroga para titulares de órganos internos de control; oposición cuestiona legalidad

Con 16 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Coahuila aprobó este jueves un acuerdo para que los actuales titulares de los órganos internos de control de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral permanezcan en sus cargos de manera temporal, luego de que este 4 de junio venciera el plazo legal para realizar nuevos nombramientos sin que se emitiera la convocatoria correspondiente.

La decisión fue tomada durante la sesión del Poder Legislativo, ante la conclusión del periodo para designar a quienes encabezarán estos órganos encargados de prevenir, investigar y sustanciar posibles responsabilidades administrativas dentro de dichos entes autónomos.

Mediante el acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno, se autorizó que María Eugenia Mazorra Alvarado, Eduardo Zúñiga Rodríguez y Juan Antonio González del Bosque que hasta este jueves encabezan los órganos internos de control de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Electoral de Coahuila, respectivamente, continúen en su cargo hasta que el Congreso concluya el procedimiento de convocatoria, evaluación y designación de los nuevos titulares.

Durante la discusión, el diputado Antonio Attolini cuestionó la legalidad de la medida al considerar que la Constitución local no contempla la figura de la prórroga para este tipo de cargos.

El diputado Antonio Attolini señaló que la designación de los titulares de los órganos internos de control corresponde exclusivamente al Pleno del Congreso mediante mayoría calificada y advirtió que lo aprobado no constituye un nuevo nombramiento, sino una extensión de funciones sin sustento constitucional.

“La Constitución fue clara al establecer que la designación de los titulares de los órganos internos de control sí corresponde al Pleno del Congreso mediante mayoría calificada. Lo que hoy se pretende con este acuerdo no es una designación, sino una prórroga, y esa figura simplemente no existe en nuestra Constitución”, afirmó.

El legislador sostuvo que la situación deriva de una omisión administrativa del propio Congreso al no preparar con anticipación el proceso de sucesión de los funcionarios cuyos periodos concluyeron este jueves.

Asimismo, advirtió que la medida podría derivar en controversias legales y generar un precedente para futuras designaciones.

“No tenemos facultades para prorrogar. Nos vamos a meter en un problema serio como Congreso. La 63 Legislatura va a entrar en un proceso de litigio porque esto que estamos haciendo es un precedente terrible”, expresó.

Pese a los señalamientos, la mayoría legislativa respaldó el acuerdo bajo el argumento de garantizar la continuidad de las funciones de control interno mientras se desarrolla el proceso para nombrar a los nuevos titulares sin informar una fecha para la emisión de las convocatorias correspondientes.