Ignoran instituciones de Coahuila más de 400 llamados para transparentar información
A pesar de que el ICAI obligó a los entes públicos a revelar información solicitada, estos desoyeron la petición
Los entes públicos de Coahuila dejaron sin cumplir más de 400 dictámenes en los que el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) tuvo que intervenir para que entregaran información pública, según se reveló en el informe anual del organismo de transparencia.
En este documento, presentado por la comisionada presidenta del ICAI, Dulce Fuentes Mancillas a la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, se detalló que se emitieron 423 dictámenes de incumplimiento de los sujetos obligados a las resoluciones del ICAI.
TE PUEDE INTERESAR: Transparencia, un proceso costoso y simulado en Coahuila
Este tipo de dictámenes se emiten después de varios pasos que el ciudadano siguió para acceder a información de las instituciones que reciben recursos públicos en el Estado, y que están considerados como “sujetos obligados” ante la ley estatal de transparencia.
Los dictámenes de cumplimiento o incumplimiento son emitidos una vez que los ciudadanos reportaron al ICAI las fallas en el acceso a la información, y este órgano a su vez, exhorta al ente público a resarcir lo solicitado o fundamentar los rechazos bajo los términos de la ley.
Al igual que en las sesiones, el informe del ICAI omite la información sobre cuántos y cuáles son las instituciones a las que se les dirigió estos dictámenes, información que en años anteriores se transparentaba.
De acuerdo con los datos históricos, entre los entes más señalados como incumplidos, a pesar de las resoluciones del ICAI, se encuentran: la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública, y diversos ayuntamientos, incluido Torreón y Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Aunque intervenga el ICAI, incumple 70% en Coahuila con entregar información a ciudadanos
Todavía el año pasado, el Consejo del ICAI resolvió dictámenes de incumplimiento, de procedimientos de acceso a la información que databan desde 2018; es decir, que en seis años, el ciudadano no ha logrado obtener lo solicitado.
VANGUARDIA dio a conocer en 2022 que entre 2021 y el 2022, se habían emitido 545 dictámenes de incumplimiento, pero en ninguno de los casos se impuso alguna de las medidas de apremio que pueden ir desde la amonestación pública -un regaño- hasta multas económicas, e incluso acciones administrativas contra las áreas de transparencia.
