Instituciones públicas de Coahuila niegan información a ciudadanos desde 2019

Entes públicos de Coahuila acarrean desde 2019 “deudas” con ciudadanos que les solicitaron información a través de plataformas de transparencia y, pese a la intervención del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), no cumplieron. La Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad estatal y Parras, están entre los incumplidos.

En reciente sesión del Consejo General del ICAI, la Secretaría Técnica presentó 58 dictámenes de incumplimiento, de los cuales en 27 las instituciones públicas de Coahuila incumplieron con proporcionar información a los ciudadanos.

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Los dictámenes se emiten luego de que, inicialmente, los ciudadanos piden información a través de una solicitud en plataformas de transparencia. El ente no la responde o lo hace de manera imprecisa, ante lo que el ciudadano recurre y entonces el ICAI interviene para exigir que se responda.

Pese a ello, hay entes públicos que desde 2019 acarrean omisiones en la entrega de información, pues de los 27 dictámenes de incumplimiento, hay 11 casos de ese año, así como de 2021 y 2022.

Entre los entes con incumplimientos están los municipios de Parras en tres ocasiones, Frontera en dos ocasiones, San Buenaventura, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, así como la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y la Secretaría de Gobierno.

Además, en 2023 hay instituciones reincidentes en omisiones, pese a su historial y las reiteradas intervenciones del ICAI. En esos casos aparecen el municipio de Parras, la Secretaría de Seguridad Pública y la FGE, que acumula hasta siete dictámenes de incumplimiento.

También aparecen organismos como el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecyt), los municipios de Múzquiz, Ocampo, Cuatro Ciénegas y Acuña, así como el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila.

Todos los entes que reciben dinero público están obligados a responder las solicitudes de información que realizan ciudadanos, a no ser que existan casos de reserva que deben justificar los mismos entes.

Estos actos de incumplimiento pueden derivar en sanciones impuestas por el ICAI; sin embargo, VANGUARDIA dio a conocer a finales del año pasado que entre el 2021 y el 2022, se habían emitido 545 dictámenes de incumplimiento, pero en ninguno de los casos se impuso alguna de las medidas de apremio que pueden ir desde la amonestación pública -un regaño-, hasta multas económicas, e incluso acciones administrativas contra las áreas de transparencia.

Según información proporcionada por el propio ICAI, el último año en que se registró alguna sanción por incumplir en materia de acceso a la información fue en 2020, cuando se aplicaron siete castigos a raíz de los 44 dictámenes de incumplimiento que se registraron al cierre de ese año. Todas esas sanciones impuestas se limitaron a amonestaciones públicas.