Insuficientes, brazaletes para vigilar a agresores en Coahuila
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El Estado cuenta con dispositivos limitados para supervisar a personas sujetas a procesos por violencia familiar o contra mujeres
La disponibilidad de brazaletes electrónicos es insuficiente en Coahuila para atender todos los casos en los que un juez podría ordenar este mecanismo de vigilancia, reconoció el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González.
El funcionario explicó que estos dispositivos forman parte de las alternativas para supervisar a personas sujetas a un proceso judicial y reducir riesgos para las víctimas, aunque su utilización depende de la determinación de los jueces y de la existencia de equipos disponibles.
Pimentel González señaló que el Poder Judicial del Estado conoce la necesidad de incrementar el número de brazaletes y, de acuerdo con la información que posee, ha solicitado recursos adicionales para adquirir más dispositivos.
También existen equipos duales, utilizados principalmente en asuntos de violencia familiar, que permiten dar seguimiento a la ubicación tanto del agresor como de la víctima y emitir alertas ante un eventual acercamiento, siempre que la autoridad determine su aplicación.
JUECES DEFINEN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN
El secretario de Gobierno aclaró que una orden de restricción no implica automáticamente la colocación de un brazalete electrónico, pues corresponde a los jueces establecer las medidas cautelares que procedan conforme a las circunstancias de cada caso y al nivel de riesgo identificado.
Las restricciones de acercamiento tampoco constituyen la única medida que puede imponerse a quien ejerce violencia. Entre las alternativas se encuentra la obligación de recibir atención psicológica o participar en programas encaminados a modificar patrones de conducta.
La disponibilidad de mecanismos de monitoreo adquiere relevancia ante el número de personas que han recibido una sanción judicial por violencia contra las mujeres.
De acuerdo con el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia contra las Mujeres, actualmente existen mil 762 personas inscritas, frente a las 678 registradas cuando el padrón comenzó a operar en 2022.
Esto representa un incremento de mil 84 registros, equivalente a alrededor de 160 por ciento.
SALTILLO CONCENTRA MAYOR NÚMERO DE REGISTROS
Por municipios y regiones, Saltillo concentra 543 registros; Torreón, 272; la Región Carbonífera, 168; Monclova, 145; Acuña, 95, y San Pedro de las Colonias, 32, además de los correspondientes a otros distritos judiciales.
Sin embargo, estas cifras no equivalen al número de órdenes de restricción vigentes en Coahuila.
El padrón registra a personas sancionadas mediante resoluciones judiciales por delitos relacionados con violencia contra las mujeres, mientras que las medidas de protección y cautelares pueden dictarse en distintas etapas de una investigación o proceso.
Esta diferencia resulta relevante, debido a que una víctima puede contar con una medida que impida el acercamiento del agresor sin que éste aparezca todavía en el Registro Estatal de Personas Sancionadas.
En esos casos, la efectividad de la protección depende no sólo de que la autoridad dicte la restricción, sino también de la capacidad institucional para supervisar su cumplimiento y actuar oportunamente ante una eventual violación, especialmente en los casos considerados de mayor riesgo.
