Municipios de Coahuila podrán aplicar multas por bloquear la vía pública e impedir el tránsito

El Congreso del Estado de Coahuila autorizó a los municipios aplicar cobros por escándalos que atenten contra el bienestar colectivo en lugares públicos o privados; por formar parte de grupos que causen molestias en lugares públicos o en la proximidad de los domicilios o impidan el libre tránsito; por faltas que atenten contra la integridad moral del individuo y la familia, como proferir palabras, adoptar actitudes o realizar señas de carácter obsceno en la vía pública y causen molestias a un tercero.

También por faltar el respeto a los adultos mayores, mujeres o menores de edad en lugares públicos; por infracciones contra la seguridad, tranquilidad y propiedades de las personas o impedir el disfrute de un bien y por causar molestia vía llamadas telefónicas o por insultar a la autoridad, con sanciones que deberán contener montos mínimos y máximos en valor de la Unidad de Medida y Actualización. Cada UMA equivale a 103.74 pesos y aumentará el próximo año.

Para imponer las sanciones, la autoridad deberá considerar la gravedad de la falta o lesión, el perjuicio ocasionado al Municipio, el grado de responsabilidad o la intención de la persona al realizar la conducta y la situación económica del infractor.

De esta manera, el Congreso aprobó las leyes de Ingresos de los 38 municipios aplicables el próximo año, con incrementos del 5 por ciento en la mayor parte de los cobros y en algunos casos, por cuestión de redondeo y por consentimiento de algunos ayuntamientos, montos mayores, incluso en algunos rubros aplicarán cobros iguales a este año.

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En lo que corresponde al cobro de derechos por los Servicios Prestados del Derecho de Acceso a la Información Pública, acordaron que cada municipio cobre a valor de mercado la expedición de copias a color, copias simples, tamaño oficio o carta, copias certificadas, disco compacto o las impresiones por medio de dispositivo informático.

Si bien es cierto, la Ley de Acceso a la Información Pública señala que el acceso a la información, también lo es que representan un costo por los insumos utilizados y el costo por envío, lo que está dentro del principio de igualdad tributaria y no hay vicios de constitucionalidad. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en la prestación de los servicios representan un costo y es viable cobrarlos por el valor que representa prestar ese servicio.

Se otorgará un descuento del 50 por cuento a organizaciones no gubernamentales, como defensoras de los derechos de los migrantes, en el recibo de agua potable de su domicilio legal, de acuerdo al consumo que determine el organismo operador; de sobrepasar el consumo, se deberá liquidar el exceso en su totalidad.

Los municipios podrán aplicar descuentos del 15, 10 y 5 por ciento en el pago del impuesto predial por pronto pago en enero, febrero o marzo para estimular la pronta recaudación. En el caso de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad (permanente o temporal) el descuento será del 50%, únicamente en la vivienda que habiten y en el pago del agua recibirán un descuento igual. Como adultos mayores, se consideran las personas de 60 años y más.

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Asimismo, se autoriza aplicar cobros diferenciados en determinados rubros, como lo faculta la Constitución Mexicana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo a la capacidad contributiva de cada persona física o moral.

De igual manera, se autoriza otorgar incentivos en el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, licencias de construcción y autorización de planos, entre otros rubros, para reducir el costo de las viviendas.

Los municipios, una vez promulgado el decreto de las leyes de Ingresos aprobados por unanimidad en lo general, dispondrán de 30 días para publicarlas en sus páginas de internet.

En la sesión del Pleno, los diputados también aprobaron los dictámenes de los 38 municipios, referentes a las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción, así como los aumentos a los valores catastrales que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria para el ejercicio fiscal 2024, conforme al aumento de la inflación de este año, con autorizaciones del 3 al 5 por ciento.