OCDE prende focos rojos por reforma judicial en México, advierte el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, advirtió que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) encendió alertas para México ante los efectos que podrían tener los cambios institucionales impulsados en el País, particularmente en el ámbito judicial.

A través de sus redes sociales, el legislador del PRI señaló que politizar la impartición de justicia, eliminar contrapesos y concentrar facultades en el poder público puede generar incertidumbre económica, afectar el crecimiento y desalentar la llegada de capitales.

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Posteriormente, durante el programa “Con peras, manzanas y naranjas”, en el que participó junto con los especialistas Julián Proa y Mario Di Costanzo, explicó algunos de los principales hallazgos del informe “México 2026”, elaborado por el organismo internacional.

De acuerdo con el diputado, el documento advierte que debilitar la independencia del sistema judicial y reducir los contrapesos institucionales puede disminuir la confianza en la economía nacional y afectar la competitividad, la inversión y la generación de empleos.

ESPECIALISTAS SEÑALAN EFECTOS EN COMPETITIVIDAD

Durante la conversación, el abogado Julián Proa detalló que el análisis, publicado el pasado 26 de febrero por la OCDE, señala que la economía mexicana mostró una desaceleración durante 2025. Entre los factores identificados se encuentran la incertidumbre global y ajustes en la política comercial de Estados Unidos, principal socio comercial del país.

El especialista agregó que el informe también analiza la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, realizada el 1 de junio del año pasado, en la que participó alrededor del 13 por ciento del electorado. Según el estudio, este nivel de participación genera cuestionamientos sobre la legitimidad de los funcionarios electos y sobre el riesgo de que se politice la impartición de justicia.

Proa explicó además que, mientras las grandes empresas pueden recurrir a mecanismos de arbitraje internacional para resolver controversias, las pequeñas y medianas empresas mexicanas dependen principalmente de las resoluciones de tribunales locales, lo que las coloca en una posición de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el experto en finanzas públicas Mario Di Costanzo subrayó que otro de los puntos críticos mencionados en el documento es la desaparición de organismos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

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Indicó que estas entidades funcionaban como árbitros independientes en sectores estratégicos como energía y telecomunicaciones, al establecer reglas claras y promover la competencia económica. Su eliminación, advirtió, podría generar desconfianza entre inversionistas y favorecer la concentración de mercados.

Al concluir el programa, Rubén Moreira, Julián Proa y Mario Di Costanzo coincidieron en que el país requiere instituciones sólidas, certeza jurídica y reglas claras para impulsar el desarrollo económico y fortalecer la confianza en su entorno productivo.