Proponen aumentar sanción a quien apruebe asentamientos en áreas protegidas en Coahuila
COMPARTIR
El acusado, propone la iniciativa, será objeto de destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar un cargo público
La sanción al servidor público que autorice asentamientos humanos en un área natural protegida o en un distrito de conservación en el Estado o en cualquiera de sus municipios, pasará de 6 a 10 años de prisión y de 300 a 800 UMA (Unidades de Medida y Actualización) de multa como máximo... de aprobarse la iniciativa en el Congreso local.
Dicha propuesta fue planteada por la diputada Luz Natalia Virgil Orona, del Partido Acción Nacional, por la que se modificaría el contenido del artículo 427 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza con lo cual impondrá de 5 a 10 años de prisión y de 500 a 800 días multa.
El acusado, propone la iniciativa, será objeto de destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar un cargo público, y de 5 a 10 años del derecho a celebrar con aquellas entidades contratos o convenios de prestación de servicios profesionales.
Lo anterior, se aplicará al servidor público que además de lo mencionado autorice asentamientos humanos en una zona de reserva conforme, en una zona determinada como de alto riesgo para la seguridad de construcciones y viviendas, o para la vida o salud de las personas.
TE PUEDE INTERESAR: Invitan a dialogar sobre estado del agua y cambio climático en Saltillo
Además, la iniciativa señala que la misma pena se impondrá al servidor público que falsifique, oculte o altere los estudios correspondientes a fin de conceder de forma indebida la autorización para llevar a cabo las construcciones.
Durante la exposición de motivos, se reconoció que el proyecto fue retomado de la LXI Legislatura, en voz del entonces diputado, Gerardo Abraham Aguado Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN.
“No ha perdido vigencia, sino al contrario, resulta muy oportuna por guardar relación directa con las tragedias derivadas de licencias y permisos que se autorizan a los desarrolladores sin apego a la ley, con las consecuencias que se aprecian al ocurrir fenómenos naturales devastadores, como en este caso, las lluvias y las inundaciones”, agregó.
