La erosión silenciosa de las comunidades. Parte III.

En las anteriores entregas de esta serie hemos analizado cómo llegan a desarticularse comunidades, así como el valor que guardan las dinámicas que mantienen vivas las relaciones que sus habitantes han ido construyendo a lo largo del tiempo. Ahora conviene preguntarnos, ¿qué se puede hacer para detener el curso de la erosión silenciosa que sufren las comunidades?

Es necesario tener en cuenta que estas no han permanecido inmóviles ante este fenómeno. En distintas ciudades alrededor del mundo -así como en las de nuestro país- han surgido iniciativas relevantes para proteger al colectivo, que comparten un origen común: la organización ciudadana. Entre estas se cuentan las organizaciones vecinales que defienden el uso adecuado de sus calles y espacios comunitarios, las cooperativas que, mediante modelos de gestión y producción de vivienda social, permiten a las familias permanecer donde crecieron, los esquemas en que el suelo se administra colectivamente para blindarlo contra la especulación, así como los programas de mejoramiento barrial asociados a políticas de presupuesto participativo en los que las y los propios vecinos deciden qué obras necesita su entorno. Todas las anteriores son muestra de que existen caminos posibles.

Lo más importante está en colocar a quien habita el barrio en el centro de las decisiones, ya sean estas de carácter gubernamental o de orden vecinal. Lejos de percibir a sus habitantes como beneficiarias o beneficiarios pasivos de una política pública, les otorgan el papel de protagonistas de la transformación de su propio espacio. Ahí está precisamente su fortaleza, que es a su vez la lección más importante para quienes tienen en sus manos el diseño de las ciudades.

Desde la perspectiva de la administración pública, esto supone asumir que el arraigo, la permanencia de las y los habitantes es un bien de altísimo valor que precisa de la mayor protección. Si en los instrumentos de planeación sólo se observan aspectos técnicos -como las densidades, los usos de suelo, el equipamiento- sin considerar a quienes ahí habitan y sus dinámicas, difícilmente se podrá evitar su desplazamiento por presiones externas.

Se necesitan políticas que favorezcan la habitabilidad y la inclusión en las áreas mejor consolidadas de la ciudad, que desincentiven la dispersión urbana y, particularmente, que aporten mecanismos que contrarresten los procesos que llevan a las personas de menor ingreso a la periferia. Esto requiere identificar a quienes enfrentan presiones para abandonar su hogar y proveerles de acompañamiento institucional y acciones afirmativas para el fortalecimiento comunitario y de la economía de escala barrial, al igual que reconocer como un verdadero patrimonio lo que mantiene cohesionado al barrio, como las festividades, los oficios y las expresiones culturales que robustecen su identidad.

Por supuesto, sería un error poner toda la responsabilidad de lado de las autoridades. Como se mencionó en la primer entrega, cada habitante tiene una labor de curaduría respecto de aquello que da valor a su comunidad. No es difícil; precisa de acciones como saludar a las y los vecinos, consumir en los negocios del barrio, participar en las celebraciones, caminar en lugar de depender completamente del coche. Poco a poco, la suma de tales actos irá logrando el propósito.

Así como la erosión de las comunidades es silenciosa porque ocurre en lo cotidiano -en el saludo que deja de darse, en la persona que se muda sin que nadie lo note-, su recuperación también debe darse en lo cotidiano, a través de una paciente pero permanente tarea de recomponer cada uno de los elementos que convierten el espacio que ocupa la comunidad en una casa común, en un lugar que permita imaginar un futuro posible.

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