Saltillo: urge AMPI a regular mercado para evitar burbuja inmobiliaria ante altos precios

Actualmente, el mercado inmobiliario en la región de Saltillo presenta un encarecimiento sostenido que pone en riesgo la capacidad de las familias para adquirir un patrimonio, por lo que resulta necesario establecer marcos regulatorios que eviten una “burbuja inmobiliaria” que lleve a una crisis a futuro.

Luis Narro, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en la capital de Coahuila, expuso que la vivienda más económica en el mercado local oscila entre un millón y un millón y medio de pesos.

Aseguró que, para acceder a un crédito de este tipo, una persona requiere percibir ingresos mensuales de aproximadamente 22 mil pesos. Sin embargo, el salario promedio ronda los 12 mil pesos mensuales, lo que ha provocado que la adquisición de inmuebles sea posible únicamente a través de esquemas como los créditos conyugales.

“Si no actuamos ahora, en el futuro esto podría derivar en una burbuja inmobiliaria. Aún estamos a tiempo de establecer marcos regulatorios e impulsar leyes y reformas en las que AMPI ya trabaja para proteger el mercado”, afirmó.

El directivo señaló que factores como la seguridad de Coahuila influyen en el valor de las propiedades, ya que los desarrolladores utilizan este atributo como un elemento de venta que incrementa los costos finales para el consumidor.

Narro explicó que, para mitigar esta tendencia, la asociación impulsa iniciativas que otorguen certeza jurídica y regulen el mercado, como una Ley Inmobiliaria y una Ley de Condominios, en colaboración con la Secretaría de Economía.

Asimismo, subrayó que es fundamental que la vivienda deje de verse únicamente como un instrumento de especulación financiera. Indicó que esta problemática se agrava por la concentración de tierras en manos de unos cuantos grandes desarrolladores, lo que genera barreras de entrada para pequeños empresarios que no cuentan con los mismos recursos o contactos para tramitar licencias y permisos, limitando la competencia en la zona.

“Se especula con las reservas territoriales: se compran a precios muy accesibles y se mantienen sin desarrollo, esperando que en el futuro aumenten su valor”, explicó.

Aunado a la especulación, la región de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga experimenta un proceso de gentrificación laboral, es decir, la llegada de personas extranjeras con mayores ingresos.

LEYES CONTRA LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA

El especialista tomó como referencia modelos internacionales para proponer soluciones locales. Mencionó que ciudades como Nueva York cuentan con normativas que destinan una porción de los nuevos desarrollos a vivienda accesible, con el fin de garantizar que los habitantes locales no pierdan acceso a la propiedad frente a compradores extranjeros.

Agregó que otras ciudades han implementado topes a los incrementos de renta y mecanismos de registro de contratos de arrendamiento para evitar abusos por parte de los propietarios.

En ese sentido, Narro sugirió que en Saltillo podrían aplicarse incentivos fiscales para promover la vivienda vertical accesible, en lugar del crecimiento desmedido hacia las periferias.

“Nadie está en contra del desarrollo, pero si no se controla o no se establecen marcos regulatorios, crecerá sin orden y, al final, los más afectados serán quienes viven aquí. En lugar de crecer hacia arriba, las ciudades mexicanas se expanden hacia los lados y los centros comienzan a despoblarse”, señaló.

El crecimiento horizontal de la ciudad complica la dotación de servicios públicos como transporte, drenaje y alumbrado. Por ello, consideró necesario establecer límites al crecimiento anual de los precios, para evitar que las utilidades de los desarrolladores se impongan sobre las necesidades de largo plazo de las familias saltillenses.

IMPACTO GEOPOLÍTICO EN LA CONSTRUCCIÓN

Respecto a los factores externos, el panorama global también ejerce presión sobre el costo de la vivienda. Conflictos geopolíticos en el estrecho de Ormuz han provocado aumentos en el precio del petróleo y sus derivados, lo que impacta directamente en insumos básicos para la construcción, como el diésel y la gasolina.

Este encarecimiento se traslada, finalmente, al precio de venta de los inmuebles. Uno de los incrementos más drásticos se ha registrado en el PVC, material indispensable para sistemas pluviales y drenaje, cuyo costo ha aumentado hasta en 70 por ciento recientemente.

“Donde más impactará será en la vivienda de interés social, porque sus márgenes son más reducidos. Estos incrementos se reflejarán en tres, cuatro o cinco meses, y lo más probable es que se trasladen al consumidor para no afectar la rentabilidad”, comentó.

Finalmente, el representante de AMPI subrayó que, aunque el Gobierno federal subsidia parcialmente los combustibles, no ocurre lo mismo con los derivados del petróleo. Ante este escenario de costos al alza, la asociación busca impulsar la regulación del mercado para evitar fraudes y garantizar un desarrollo inmobiliario sostenible para todos los sectores de la población.