Saltillo: Encarecimiento de vivienda, ¿qué puede −y debe− hacerse?
Alternativas para intervenir en el mercado de bienes raíces y evitar que los precios de la vivienda sigan escalando sin control, existen. Lo que hace falta es adoptarlas
El encarecimiento de los bienes y servicios, producto de las reglas del mercado, se ha dicho en múltiples tonos, es una realidad a la cual no debemos simplemente “resignarnos”, como si se tratara de una variable sobre cuyo comportamiento es imposible incidir.
Lo anterior es particularmente cierto en el caso de las responsabilidades gubernamentales, pues las instituciones públicas cuentan con instrumentos −legales y materiales− con los cuales intervenir en el mercado.
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No se trata, desde luego, de pugnar por una economía “estatizada” en la cual el Estado no sea rector, sino actor principal, pues tal modelo, ha quedado sobradamente probado, es uno que, a mediano y largo plazo, no genera bienestar para la población.
Por el contrario, de lo que se trata es de impulsar la existencia de mecanismos que activen intervenciones gubernamentales necesarias y convenientes, es decir, aquellas orientadas a moderar los efectos de las reglas del mercado en el precio de bienes y servicios, cuyo descontrol puede impedir el acceso de las personas al disfrute de derechos elementales.
El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición relativo a las medidas regulatorias que, desde la perspectiva de una especialista en derecho a la vivienda, deberían adoptarse en Saltillo con el propósito de contener los precios de las casas.
De acuerdo con Carla Escoffié, abogada y consultora en temas de vivienda, ciudad y no discriminación, uno de los primeros cambios de perspectiva que deben registrarse en ciudades como la nuestra es el entender la vivienda de arrendamiento como parte de una política pública y no sólo como un asunto entre particulares.
A partir de ello, la también autora del libro “País sin Techo” plantea el establecimiento de medidas regulatorias, entre las cuales debería estar la creación de un registro obligatorio de arrendamientos, así como la zonificación de la mancha urbana con el propósito de identificar “zonas tensionadas” por el aumento en los precios del alquiler.
Por otro lado, para hacer frente al problema de la especulación, la especialista plantea la necesidad de aumentar la oferta de vivienda pública o social mediante el financiamiento de proyectos de arrendamiento estatal, así como la creación de cooperativas o fideicomisos de tierras comunitarias, estrategias que han sido efectivas en otros países para garantizar viviendas asequibles en zonas urbanas parecidas a la nuestra.
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Como queda claro, existen alternativas a la pasividad frente a la escalada de precios de la vivienda que experimentamos en la Región Sureste de Coahuila y, en particular, en Saltillo. Pero lo que hace falta, en primerísimo lugar, es asumir que tenemos un problema y es que necesario atenderlo.
Porque mientras esto último no ocurra, la realidad fría de las leyes de la oferta y la demanda seguirá alejándonos cada vez de la posibilidad de tener una ciudad donde realmente podamos vivir todos.