Si no actuamos, en 20 años estaremos en las cortes y en mitines peleando por el agua, advierte Rosario Sánchez

Si la gestión hídrica en la frontera entre México y Estados Unidos no cambia radicalmente en los próximos años, los conflictos por el agua podrían trasladarse de los foros académicos a los tribunales y las calles, con un aumento de la corrupción y los mercados ilegales del recurso, advirtió Rosario Sánchez, directora del Foro Permanente de Aguas Binacionales.

Durante el encuentro bilateral Construyendo Puentes Sobre el Agua, realizado en Monterrey, la especialista señaló que, de mantenerse las condiciones actuales durante las próximas dos décadas, la competencia por el recurso intensificará los conflictos entre ciudades, industrias y sectores productivos de la Cuenca del Río Bravo.

“Si las cosas siguen igual en 20 años, no vamos a estar en estos foros platicando sobre lo que podemos hacer. Vamos a estar en cortes, en el Poder Judicial, vamos a estar en mítines, vamos a estar peleando con la industria, vamos a estar comprando los derechos de agua 20 veces más caro... va a haber muchísimo más corrupción y muchísimos más mercados de agua ilegales”, advirtió en entrevista.

Sánchez explicó que la crisis hídrica fronteriza no se limita a la cantidad de agua disponible o al almacenamiento en las presas, sino que también implica riesgos sanitarios y ambientales. Conforme disminuyan los caudales superficiales, los contaminantes podrían concentrarse en las fuentes de abastecimiento, bajo la premisa de que “a menos cantidad (de agua) es menos calidad”.

Ante la reducción de la disponibilidad superficial, agregó, la industria, la agricultura y las ciudades intensificarán la extracción de agua subterránea, lo que aumentará la presión sobre los acuíferos, uno de los componentes menos estudiados y regulados de la gestión binacional.

“Lo que se va a venir afectando son los acuíferos. Es lo que más descuidado está a nivel binacional, lo menos regulado y lo menos estudiado. ¿Y cómo atender algo que no ves, no te cuesta y nadie monitorea?”, cuestionó.

PRESIÓN INTERNACIONAL Y RIESGO PARA CIUDADES

La especialista advirtió que la falta de planeación hídrica, sumada a la presión de Estados Unidos para que México cumpla sus compromisos internacionales de entrega de agua, podría comprometer el abastecimiento de las ciudades mexicanas.

Señaló que las exigencias no disminuirán mientras no mejoren las condiciones de la cuenca ni la gobernanza del recurso. En ese escenario, sostuvo, la responsabilidad de cubrir los compromisos se está trasladando a ciudades como Monterrey y a cuencas que anteriormente no estaban consideradas para contribuir a ese objetivo.

“La presión a México no va a ceder, no va a ceder, mientras la cuenca no mejore en sus condiciones, mientras la gobernanza de agua no mejore. Solamente lo que estamos haciendo es distribuyendo la responsabilidad de esa escasez hacia ciudades como Monterrey, hacia cuencas que antes no estaban contempladas como responsables para cumplir ese compromiso”, afirmó.

A esta situación se suma el deterioro de los canales de comunicación entre ambos países. Desde su perspectiva, los mecanismos de diálogo binacional están debilitados por la acumulación de conflictos y otras prioridades, lo que dificulta la construcción de acuerdos efectivos para enfrentar la crisis.

GOBERNANZA CENTRALIZADA

Al analizar la vulnerabilidad de regiones como Monterrey y los distritos de riego del noreste, Sánchez señaló deficiencias en el modelo de gobernanza mexicano, particularmente por la centralización de las decisiones, que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos estatales y municipales.

“La escasez se la están dejando a los estados y municipios, pero les quitan las herramientas para gestionarla... se encargan del problema sin tener los instrumentos, la inversión ni la flexibilidad para actuar conforme a las necesidades regionales. El problema es que el sistema ya no responde a la necesidad actual”, declaró.

Ante la disminución de las fuentes naturales, consideró necesario reconocer que “no hay agua para todos” y que las condiciones climáticas no necesariamente mejorarán. Por ello, planteó pasar del reparto tradicional de caudales a una política explícita de redistribución de la escasez.

También alertó que, sin reglas eficaces, los derechos y las concesiones podrían concentrarse en quienes tienen mayor capacidad económica, mientras las comunidades vulnerables enfrentarían mayores dificultades para acceder al recurso.

LLAMAN A PARTICIPAR EN LA SOCIEDAD CIVIL

Para evitar que la crisis derive en conflictos sociales, Sánchez llamó a la ciudadanía y a los sectores productivos a participar en la construcción de alternativas, en lugar de esperar soluciones exclusivamente de las autoridades federales o de los acuerdos internacionales.

“Los cambios en la cuenca del Río Bravo no pueden venir solamente del gobierno federal ni de una minuta en el tratado. Estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, con decisiones poco informadas. La sociedad civil tiene que apoyarse, organizarse y proponer. No se trata de estar solo en contra, sino de construir las alternativas en conjunto”, concluyó.

La especialista sostuvo que los foros binacionales pueden contribuir a identificar soluciones mediante el intercambio de experiencias, aunque advirtió que se requieren cambios de fondo en la planeación, la regulación y la distribución del agua para evitar que la escasez profundice las desigualdades y los conflictos en la región.