El Mundial no se vende: la FIFA cruza una línea peligrosa
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La propuesta de Gianni Infantino para incorporar capital privado al negocio de la Copa del Mundo promete recursos históricos para las federaciones. También amenaza con hipotecar el futuro del futbol y someterlo todavía más a la lógica de la rentabilidad
La FIFA quiere convencernos de que nada cambiará: que el balón seguirá perteneciendo a los aficionados, que las decisiones deportivas permanecerán bajo el control del organismo y que los inversionistas privados solo ayudarán a explotar mejor el enorme potencial comercial del futbol.
Pero cuando alguien paga miles de millones de dólares por una parte del negocio, no lo hace por amor a la camiseta.
El proyecto promovido por Gianni Infantino contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una filial comercial que concentraría las actividades relacionadas con los Mundiales, el Mundial de Clubes y otras competencias: derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, hospitalidad y licencias.
La nueva empresa tendría una valoración inicial de 20 mil millones de dólares. La FIFA pretende recaudar hasta 4 mil 200 millones mediante la venta de una participación minoritaria, sin control operativo, a inversionistas externos. Thrive, la firma encabezada por Joshua Kushner, aparece como el principal inversionista, mientras que J.P. Morgan conduciría el proceso, según la información conocida.
De aprobarse el proyecto, cada una de las 211 federaciones afiliadas podría recibir 20 millones de dólares adicionales. Para muchas asociaciones pequeñas, sobre todo de África, Asia, Centroamérica y el Caribe, esa cantidad puede significar nuevas canchas, centros de formación, torneos juveniles y selecciones con mejores condiciones.
Ese argumento no debe minimizarse. Durante décadas, la riqueza del futbol internacional se ha concentrado en unas cuantas ligas, clubes y mercados. Distribuir más recursos puede reducir algunas de esas desigualdades.
El problema está en el mecanismo —y el momento— elegidos para hacerlo.
Infantino estableció el 19 de septiembre como plazo para que las federaciones se pronuncien. Si el proyecto es aprobado, los miembros recibirían los recursos extraordinarios, además de una ampliación de los fondos ordinarios del programa FIFA Forward. Si es rechazado, conservarían solo lo comprometido bajo el esquema actual.
Es difícil llamar “consulta democrática” a una votación en la que quien propone el negocio también coloca un cheque sobre la mesa.
La promesa económica llega meses antes de la elección presidencial de la FIFA de 2027. Infantino depende del voto de esas mismas federaciones para mantenerse en el poder. La coincidencia no demuestra por sí misma una compra de voluntades, pero exige niveles de transparencia y supervisión que aún no existen.
La cuestión central no se limita a quién controlará formalmente la nueva compañía. La FIFA asegura que conservará la autoridad exclusiva sobre reglamentos, calendarios, sedes y formatos. Sin embargo, los incentivos financieros pueden influir en el futbol sin necesidad de otorgar a los inversionistas un asiento en la mesa de decisiones.
Si el valor de FIFA Forward Enterprise depende de generar cada vez más ingresos, habrá presión para organizar más partidos, ampliar torneos, encarecer los boletos, crear nuevos espacios publicitarios y convertir cada pausa del juego en una oportunidad comercial. Los inversionistas quizá no decidan directamente el calendario, pero esperarán rendimientos. Y alguien dentro de la FIFA tendrá que producirlos.
El riesgo, por tanto, no es solo la privatización parcial de un negocio. Es la transformación de la Copa del Mundo en un activo financiero cuyo crecimiento futuro deberá satisfacer expectativas privadas.
Siguen sin explicarse públicamente aspectos esenciales: cuánto durará la participación de los inversionistas, qué rendimientos recibirán, cuáles serán sus derechos de salida, qué activos transferirá realmente la FIFA y qué límites impedirán que las competencias sean modificadas para elevar el valor de la nueva empresa.
La UEFA sostiene que el Mundial no pertenece a la FIFA para ser vendido y acusa al organismo de cruzar una frontera institucional. Su oposición responde también a intereses propios: una FIFA con más dinero y competencias más frecuentes amenaza el espacio comercial de la Champions League y la Eurocopa. Pero la rivalidad entre organismos no invalida la pregunta principal.
¿Puede una asociación constituida para gobernar y desarrollar el futbol comprometer durante décadas los ingresos de su torneo más importante sin consultar ampliamente a jugadores, clubes, ligas y aficionados?
La respuesta no debería depender de quién ofrezca más dinero.
La Copa del Mundo vale 20 mil millones de dólares —o cualquier otra cifra que determine el mercado— porque generaciones enteras la convirtieron en una experiencia cultural compartida. Su valor no fue creado solo en las oficinas de Zúrich. Lo construyeron los futbolistas, las selecciones, los clubes que los forman y millones de aficionados que sostienen el espectáculo.
La FIFA tiene la obligación de repartir mejor esa riqueza. No tiene derecho a administrarla como si fuera patrimonio personal de sus dirigentes.
Antes de autorizar la entrada de capital privado, las federaciones deben exigir contratos públicos, una valoración independiente, controles sobre posibles conflictos de interés y garantías que impidan la expansión indiscriminada del calendario. También tendría que abrirse una consulta real con quienes producen y sostienen el juego.
El futbol necesita inversión. Las federaciones pequeñas necesitan recursos. Pero ninguna urgencia financiera justifica vender hoy una parte del mañana.
El Mundial no es una empresa emergente ni una franquicia disponible para el mejor postor. Es patrimonio del futbol mundial. Y, precisamente por eso, no debería estar en venta.
