Violencia en escuelas de Saltillo: ataques, represión y fallas en la protección de estudiantes

Cada cierto tiempo nos enteramos de cosas como esta. Y qué terrible. Hemos normalizado no la muerte —todavía alcanza a horrorizarnos—, sino su liturgia: la llamada urgente, las patrullas alrededor de una escuela, las ambulancias, los padres buscando a sus hijos, las primeras fotografías, las versiones contradictorias.

Después llegan las cifras, porque incluso el espanto y la crueldad terminan necesitando contabilidad: una persona muerta, varias heridas, dos detenidos. Todas ellas formas burocráticas y mediáticas que le faltan todo el respeto al dolor ajeno.

La mañana de este jueves 1 de octubre de 2026 ocurrió otra vez en Coahuila. Dos hermanos de 18 años, exalumnos de la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, fueron detenidos después de irrumpir en el plantel. Mataron a la subdirectora. Hirieron a tres personas más. Los detalles ya los habrán leído en otra parte y si no, acá pueden hacerlo.

Y sí: ocurrió en Torreón, no en Saltillo. Lo digo porque tampoco quisiera convertir el dolor de otros en la oportunidad conveniente para contar una historia.

Pero me parecería peor aceptar que algunos kilómetros o una frontera administrativa sean razón suficiente para apartar la vista. Creo que sólo exponiendo los horrores del mundo y haciéndonos cargo de lo que revelan podemos aspirar a modificar algo.

Desde aquí, todo el respeto, la empatía y la resiliencia a las víctimas. Que la rabia no les deje caer, y la calma, si acaso eso es posible, los encuentre algún día.

Esta tragedia en la Laguna me llevó a una pregunta sencilla: ¿ha cruzado antes la violencia la puerta de una escuela en Saltillo? La respuesta a la pregunta detonadora, como lamentablemente podemos deducir, es un terrible sí.

Ahora, esto no se trata de comparar casos directos. La violencia vinculada con las escuelas de Saltillo no tiene una sola forma: a veces fue político-militar o policial; otras, enfrentamiento entre estudiantes, agresión interpersonal, violencia externa que alcanzó el plantel o incluso amenaza sin ataque consumado. La escuela aparece, según el caso, como objetivo, escenario, refugio o territorio atravesado por conflictos que nacieron fuera de ella.

El antecedente más antiguo que encontré ocurrió entre 1846 y 1847. Durante la ocupación estadounidense de Saltillo, las fuerzas invasoras se apoderaron del edificio de la Escuela Nacional, donde funcionaba el Colegio de la ciudad.

El Ayuntamiento trasladó la enseñanza a una casa frente a San Juan. Cuando intentó recuperar el inmueble, los soldados se negaron a devolverlo y habían quemado utensilios del plantel.

No fue un tiroteo escolar en el sentido contemporáneo, sino una ocupación militar con destrucción de bienes educativos.

Casi setenta años después, la Revolución volvió a cruzar esas puertas. En mayo de 1914, el Colegio de San Juan Nepomuceno, institución jesuita que funcionaba desde 1878, dejó de operar en medio de la entrada villista a la ciudad.

Las fuentes académicas registran disparos durante aquella incursión y la posterior ocupación del colegio por Villa y sus hombres, pero no permiten afirmar que los tiros fueran dirigidos contra alumnos o maestros.

El inmueble fue ocupado. Jesuitas vinculados con el colegio fueron detenidos o expulsados. Hubo saqueo. Las tropas utilizaron dormitorios y salones; parte del mobiliario fue robado o destruido. Desaparecieron materiales de los gabinetes de física e historia natural. También un telescopio.

San Juan no fue la única institución educativa alcanzada aquel año. Las fuerzas revolucionarias se apoderaron también del Seminario, donde los Hermanos de las Escuelas Cristianas sostenían establecimientos educativos.

Durante algún tiempo pudieron impartir clases en una parte de San Juan, pero el 8 de junio llegaron alrededor de 400 integrantes de la guardia carrancista y fueron expulsados nuevamente.

Otra investigación señala que tropas bajo Crispín Treviño entraron a uno de los colegios y tomaron prisioneros a los hermanos, liberados después de una intervención consular, aunque con orden de abandonar el país.

Entre aquellos episodios y los conflictos de los setenta existe un caso particular en torno a una de las escuelas más famosas de la ciudad.

El 11 de febrero de 1923 hubo un tiroteo dentro y alrededor de la Escuela Miguel López, fundada en 1917. Hubo al menos un muerto y reconstrucciones posteriores hablan de más de una decena de heridos. A esto se le llegó a conocer como el Caso Coahuila.

El hecho fue real, pero el edificio ya no funcionaba como escuela. Los alumnos habían sido desalojados y el inmueble servía como sede de diputados disidentes, de un Congreso y de un gobierno interino rival, protegido por hombres armados. Fue una confrontación político-militar dentro de una construcción escolar vaciada de alumnos. El blanco no era la comunidad educativa.

Aquella balacera tampoco terminó en la escuela. La petición de intervención directa al Gobierno Federal convirtió el conflicto en una crisis política que alcanzó al propio gobernador: Arnulfo González Medina fue desaforado el 31 de octubre de 1923.

Para seguir el recuento, hay que avanzar hasta abril de 1970. Informes de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales registraron en Saltillo un enfrentamiento entre campesinos y estudiantes de educación superior.

Los jóvenes denunciaron haber sido golpeados y detenidos y sostuvieron que quienes los agredieron eran policías disfrazados de campesinos.

Un año después aparece uno de los episodios mejor documentados. El 21 de mayo de 1971 estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de Coahuila y de la Escuela Superior de Agricultura Antonio Narro se enfrentaron en Saltillo.

Una ligera duda sana sobre los archivos: encontré dos fechas relacionadas al tema que no calzan del todo. El título del expediente sitúa el hecho en 1970, mientras la ficha documental lo fecha el 21 de mayo de 1971. Conviene conservar la discrepancia.

El saldo, en cambio, no ofrece duda: 16 estudiantes lesionados. El informe atribuyó la confrontación al antagonismo entre ambas comunidades y señaló que la policía no conseguía controlarla.

Sin quitar la seriedad del tema, cabe decir que las rivalidades universitarias envejecen bien en los relatos colectivos: sobreviven los apodos, las burlas y las historias sobre lo salvajes que eran aquellos jóvenes.

Entre mayo y junio de 1974, las propias asambleas generales del eventual Tecnológico de Saltillo y la Antonio Narro reconocieron en un comunicado las “riñas de grupos pequeños de estudiantes” e intentaron frenarlas.

Ese mismo año también se registró un conflicto entre las rondallas del Tecnológico Regional, la Antonio Narro y el Ateneo Fuente. La ficha disponible no permite determinar si hubo golpes, armas o lesionados. Por eso no podemos llamarlo ataque ni equipararlo con 1971 o con la violencia contemporánea.

También en 1974 aparece un relato distinto, sostenido principalmente por un testimonio.

En medio del conflicto obrero de CINSA-CIFUNSA, Neli Herrera Rodríguez (defensora de los derechos humanos y férrea activista local que falleció en 2022) recordó que su padre trabajaba como velador de la primaria María de Jesús Cabello.

Según su versión, una madrugada policías rompieron la cerradura, entraron y trataron de llevárselo. Al resistirse, uno de los agentes lo golpeó con la culata de un fusil y le fracturó una costilla. Permaneció detenido dos días, presuntamente sin registro, hasta que la directora intervino.

No tengo a mi mano un parte policial, pero la memoria merece respeto, no credulidad automática. Además, dicha anécdota vino de una de las voces más críticas y dignas en la actividad cívica del estado, con quien numerosas veces tuve la oportunidad de conversar y aprender.

Abrazo siempre, Neli.

El último episodio histórico de esta cronología del siglo XX corresponde a enero de 1975. Estudiantes del Instituto Tecnológico Regional de Saltillo marcharon para denunciar la represión que habían sufrido días antes a manos de granaderos. La DIPS registró expresamente ese motivo.

Sabemos que existió una denuncia contemporánea de represión policial. Lo que la ficha no permite establecer es dónde ocurrió: dentro del Tecnológico, frente al plantel, durante una manifestación o en otro punto de la ciudad. Tampoco detalla lesiones ni armamento. Es un vacío y no hace falta rellenarlo.

Durante los sesentas, setentas y ochentas, se presentaron diversos movimientos convulsos en escuelas y universidades, pero al ser de índole sindical, autorregulatorio, legislativo y político, los dejé fuera.

Aquí voy a romper una regla de esta sección. Historias de Saltillo suele mirar hacia atrás. Buscamos que haya cuando menos un margen de 50 años entre la fecha en que escribimos y los hechos relatados.

Pero detener la cronología en lo que se ha contado, sería una comodidad engañosa, como si aquellos golpes y ocupaciones pertenecieran a una ciudad desaparecida que no comulga con nuestros días.

Estoy derrotadamente seguro de que al leerlos, notarán el drástico cambio en las formas de la violencia. No profundizaré en cada episodio reciente justo por eso; basta nombrarlos para visibilizarlos.

Y lo digo una vez, para todos estos casos, es un insulto venir a decir que el tiempo todo lo sana. Acaso empolva la memoria si con el tiempo no hacemos nada y nos vuelve cómplices por omisión si no alzamos la voz.

Antes de las balaceras desatadas durante la guerra contra el narco, Saltillo ya había quedado unido a otra tragedia escolar ocurrida fuera de sus límites. La madrugada del 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, murieron a manos de elementos del Ejército dentro del campus Monterrey, en medio de un enfrentamiento con grupos criminales.

Jorge era originario de Saltillo. Javier había nacido en Todos Santos, Baja California Sur, pero años después llegó a esta ciudad para estudiar Ingeniería Mecatrónica en el Instituto Tecnológico de Saltillo; fue ahí donde ambos se conocieron antes de continuar sus estudios en Nuevo León.

Después de sus muertes, fueron falsamente señalados como delincuentes y la escena fue alterada; años más tarde, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a sus familias y reconoció las afectaciones a su honor, a la verdad y al acceso a la justicia.

El 4 de marzo de 2011, una balacera ocurrió sobre Venustiano Carranza, frente a la secundaria Margarita Maza de Juárez, mientras los estudiantes estaban en receso. La escuela no era el objetivo y no hemos localizado alumnos lesionados, pero la violencia que entonces transformaba la vida cotidiana de Saltillo había llegado hasta su puerta. Fueron los inicios públicos de la violencia entre sicarios y las fuerzas castrenses del Estado en la ciudad.

En octubre, alumnos de otra secundaria grabaron desde el plantel detonaciones ocurridas a unos metros y se tiraron al piso. Esas imágenes, como condenábamos al inicio, se volvieron frecuentes en todo el territorio mexicano con la escalada de la violencia.

El 27 de septiembre de 2012, durante una persecución y un tiroteo posteriores a un ataque contra instalaciones de la entonces Procuraduría, proyectiles alcanzaron la primaria Nicolás Saade Giacomán mientras había clases.

Los disparos impactaron la fachada y el primer piso; una maestra resultó lesionada en un brazo. La escuela tampoco era el blanco, pero esta vez la violencia de afuera atravesó sus muros.

En mayo de 2014, una alumna de la Secundaria Número 5 Otilio González terminó hospitalizada después de ser atacada por dos compañeras.

Cinco meses después, en esa misma escuela, Axel Gaudel Nava Briones murió tras ser herido con una navaja durante una confrontación entre estudiantes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado concluyó años después que había existido insuficiente protección del menor y recomendó fortalecer la vigilancia y los protocolos. Su muerte fue además uno de los detonantes para hacer obligatorio el llamado Operativo Mochila en las escuelas estatales.

En abril de 2018, durante una clase de Ciencias en la Secundaria Número 16 Ejército Mexicano, un estudiante sacó una navaja y lesionó a un compañero.

Torreón. Lamentablemente, Torreón. El 10 de enero de 2020, un alumno de 11 años y sexto de primaria entró con dos armas de fuego al Colegio Cervantes. Mató a la maestra María Assaf Medina, hirió a cinco compañeros y a un profesor de Educación Física y después se quitó la vida.

La investigación alcanzó también al entorno familiar del menor. Su abuelo, José Ángel, fue detenido después de que las autoridades localizaran armas de fuego en su domicilio. El proceso, sin embargo, no terminó con una condena inmediata: en octubre de ese mismo 2020 recuperó la libertad.

En octubre de 2022, un niño de nueve años llevó un revólver calibre .22 descargado a la primaria Cristóbal Colón y lo mostró a otro alumno. No hubo amenaza ni disparos, por lo que no entra como ataque, pero el arma estuvo dentro de una primaria.

En 2023 una alumna de la Secundaria General Número 7 José Vasconcelos fue herida con una navaja dentro de un salón.

El 28 de marzo de ese año, en la Secundaria Técnica Número 74 José Clemente Orozco, otro estudiante fue herido en el tórax con una navaja. Ambos involucrados dijeron que estaban jugando y que fue accidental.

En marzo de 2024 una riña en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro dejó al menos seis estudiantes lesionados; uno recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen.

En septiembre, los padres de un alumno entraron a la primaria Federico Barrera Fuentes y agredieron a una maestra, que sufrió una fractura nasal y requirió cirugía.

El 29 de agosto de 2025, un exalumno de 15 años regresó a la Secundaria Federal Número 8 Adolfo López Mateos bajo el pretexto de pedir documentos y atacó por la espalda al subdirector Héctor Alejandro Morales con una manopla metálica con picos. Lo dejó inconsciente. La causa penal continuó por lesiones calificadas.

En 2026 la violencia volvió a rozar físicamente una escuela.

El 10 de marzo, un operativo policiaco que comenzó tras una agresión en el sur de Saltillo terminó en Lomas del Refugio, donde agentes realizaron disparos al aire cuando varias personas intentaron impedir una detención.

En la primaria Alfonso Cepeda Salas, ubicada en esa misma colonia, maestros resguardaron a los alumnos en el piso y debajo de las bancas. No hubo heridos en el plantel, pero semanas después comenzó otra secuencia que merece toda nuestra atención.

El 21 de abril apareció en un baño de la secundaria Eulalio Gutiérrez una amenaza que anunciaba un tiroteo para el día siguiente; luego circuló una segunda advertencia que resultó falsa y, en mayo, otra amenaza semejante activó protocolos en la Universidad Carolina.

Y hay algo que quizá sorprenda después de este recorrido: hasta ahora no hemos acreditado en Saltillo un tiroteo escolar en el sentido contemporáneo estricto, es decir, una persona que acuda deliberadamente a un plantel para disparar contra alumnos o docentes.

Lo que encontramos es distinto, pero tampoco es para bajar la guardia, ni hacer como que no pasa nada, o tildar nuestros días de normales, sanos y salvos.

Hay algo profundamente insensato en una sociedad que obliga a madres y padres a conducir hacia la escuela de su hijo sin saber si lo encontrará bien, con vida, pecho tierra, llorando, o en shock y, unas horas después, pretende que todo vuelva a funcionar como si nada.

Cuesta imaginar qué significa despedir cada mañana a un niño con la confianza elemental de que una escuela sigue siendo una escuela; qué aprende un adolescente cuando descubre que tampoco allí está necesariamente a salvo.

Cuánto miedo cargan quienes ya han pasado por algo así, sin decirlo para no heredárselo a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, a sus compañeros.

Hemos construido una época extraordinariamente eficaz para producir, consumir y continuar, incluso después del horror. Y entre esa prisa, la indiferencia y nuestra capacidad para convertir cualquier tragedia en contenido, existe el riesgo de que terminemos acompañando a los menores sólo cuando ya ocurrió lo irreparable o criticando todo sin saber detrás de una pantalla.

El tiempo es la espuma de la rabia.

Escribí esa frase alguna vez pensando en otra cosa y ahora no consigo apartarla de estos casos o de Palestina o de Gaza. Supongo que también así trabaja la memoria: algo arde, produce rabia, la rabia hace espuma y después todo se asienta hasta dejar una marca, para muchos invisible, pero una marca.

Después de una tragedia somos extraordinariamente hábiles para mirar hacia atrás y culpar al otro, a lo ajeno, a lo desconocido. Reducir la complejidad del terror del mundo a causa. Por eso el futuro suele encontrarnos distraídos.

El mundo sigue. De la manera más cruel, absurda, sin sentido y cotidiana, el mundo no para. Habrá más amaneceres. Ciudades bajo fuego. Esperanza. Tendremos que construir la justicia. Enarbolar la digna rabia. Castigo a quienes merecen castigo. Reparación para quienes la merecen. Encontrar la compasión y la ternura en los pozos de miseria. Mañana habrá tráfico. Sonarán despertadores. Alguien preparará un desayuno, alguien llegará tarde, alguien volverá a despedirse de su hijo frente a una escuela.

Pero que la vida siga no significa que debamos seguir iguales.

Habrá que acompañar a quienes regresan con miedo. Escuchar antes de que alguien tenga que gritar. Recordar sin convertir el dolor en espectáculo. Preguntar qué permitimos, qué dejamos pasar y qué todavía podemos impedir.

Después de todo lo contado aquí, acaso la aspiración más elemental sea también la más difícil: que una escuela pueda volver a ser solamente una escuela y las infancias, infancias y los jóvenes solo eso. Semillas para un mundo mejor.

Y sin embargo, nada de lo dicho aquí, logrará reparar lo cometido.