A cuatro años de estado de excepción en El Salvador este es su ‘lado oscuro’: las muertes de los detenidos

SAN SALVADOR- En El Salvador, al menos 500 personas han muerto en diferentes cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado, en el contexto de la implementación de un régimen de excepción que esta semana cumple cuatro años. El 90 % de los fallecidos no tenía perfil de pandilleros y la cifra real podría ser superior a 2.000, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).

Esta situación ha sido denunciada en diferentes organismos internacionales, lo que ha llevado al Gobierno salvadoreño a negar en repetidas ocasiones, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las acusaciones de torturas y fallecidos en las prisiones del país.

VÍCTIMAS DE LAS PANDILLAS Y DEL ESTADO

Miguel Ángel Vega sostiene una fotografía de uno de sus hijos mientras conversa con EFE en la intimidad de su casa, una vivienda de láminas y piso de tierra ubicada en la zona rural cantón Sisiguayo, en la oriental ciudad de Jiquilisco a unos 150 kilómetros de San Salvador.

Su hijo menor, José Alfredo Vega González de 28 años, fue detenido el 17 de mayo de 2022 y la mañana del 4 de abril de 2025 falleció en un hospital, la causa: sepsis, una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario responde de manera extrema a una infección.

José Alfredo guardaba prisión en el Centro Penal de Izalco (este), donde según Socorro Jurídico se registran la mayoría de muertes de detenidos, y fue arrestado en la etapa «más dura» del régimen en la que se reportaban diariamente cientos de detenciones.

Su padre cuenta que la Policía les “dijo que recibieron una llamada anónima” y luego se llevaron al joven, que tenía una niña de 7 años.

El encargado de una funeraria les avisó que su hijo había muerto, comenta su madre, Martha González, quien supone que el joven se enfermó en prisión de insuficiencia renal porque «allí ni agua les dan» lo que, junto con la sepsis, causó su muerte.

“No tenemos claro de qué murió. Hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos (...) Para mí fue muy duro, no es fácil perder un hijo”, dijo la mujer.

Miguel Ángel defiende la inocencia de su hijo y lamenta que salieron huyendo de su antiguo hogar por las pandillas y llegaron a Sisiguayo por la tranquilad, pero “la autoridad” le “mató a su hijo”.

Desde la detención, Miguel Ángel y Martha no volvieron a ver a su hijo menor. También su hijo mayor, Vidal Adalberto Vega González de 34 años, fue arrestado en el contexto del régimen de excepción y se encuentra en la Granja Penitencia de Quezaltepeque (este).

“Tengo la esperanza y la fe que él salga. Él no está manchado (tatuado), no andaba en nada (malo), él era del trabajo a la casa”, dice Martha con voz entrecortada y lágrimas en sus ojos.

“NO TRAÍA SUS RIÑONES, NI SU CORAZÓN”

Unos kilómetros más adelante de Sisiguayo, se ubica el cantón Tierra Blanca, también de Jiquilisco, donde vive Ana Cecilia Durán, una madre soltera cuyo hijo de 25 años fue detenido la noche del 19 de abril de 2022 y murió en un hospital de San Salvador. La noticia la recibió el 23 de noviembre de 2023.

“Venía rajado y solo con unas puntadas (...) no traía sus riñones, ni su corazón”, comenta y dice que a su hijo, Jonathan Inocente González Durán, “lo torturaron” en la delegación policial a la que fue llevado tras su detención.

Cuenta que un joven -detenido el mismo día que Jonathan- le dijo que a su hijo los policías lo golpearon, “se paraban en él y le ponían el zapato en la cara, para que les dijera quienes eran los pandilleros de la zona”.

Jonathan, que deja en la orfandad a un niño de 7 años, se encontraba recluido en el Centro Penal La Esperanza -conocido como Mariona- en San Salvador. Murió por sangrado en tubo digestivo, le dijeron a su madre en el Instituto de Medicina Legal.

“Fue difícil para mí porque ya no lo volví a ver desde el 19 abril de 2022”, comenta Ana Cecilia, que dice que “el error” de su hijo fue “hacerle un favor” a la pandilla de la zona con la entrega de “un paquete”, porque “lo habían amenazado” de hacerle daño a su hermano y hermana.

Jonathan y José Alfredo eran jóvenes trabajadores, aseguran sus familiares, y ninguno recibió una sentencia antes de su muerte. A Miguel Ángel, Martha y Ana Cecilia ninguna institución del Estado les ha brindado explicación sobre las muertes de sus hijos o información sobre el proceso penal que enfrentaron los jóvenes.

A CUATRO AÑOS DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN

El Salvador cumple esta semana cuatros años bajo un régimen de excepción, una medida de seguridad contra las pandillas adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno de Nayib Bukele tras la mayor escalada de asesinatos de la historia reciente salvadoreña, que cuenta con un amplio respaldo por la reducción «histórica» de homicidios, pero que es cuestionada por las miles de denuncias de violaciones a derechos humanos.

A continuación cinco claves para explicar su aplicación:

1. ¿POR QUÉ SE APROBÓ Y POR QUÉ SE MANTIENE?

El régimen fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, dominada por el gobernante partido Nuevas Ideas (NI), como medida extraordinaria tras un fin de semana con más de 80 homicidios.

Esta crisis de asesinatos fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.

Bukele y su gabinete de Seguridad aseguran que el régimen de excepción ha permitido combatir a las maras, liberar territorios del dominio de estas organizaciones y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo, aunque El Salvador venía experimentando bajas sostenidas de los asesinatos desde 2016.

Esta respuesta a la ola de homicidios granjeó a Bukele un gran apoyo popular y su reelección inmediata, a pesar de que la Constitución prohibía un segundo mandato consecutivo.

2. EN VIGENCIA CUATRO AÑOS

A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 91.300 detenciones de pandilleros o personas ligadas a estas bandas, el Congreso ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 48 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de “control social”.

El régimen de excepción contempla tanto la suspensión de derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa de los detenidos, y amplía la detención administrativa a 15 días.

Además, se han reformado leyes para permitir la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandillas, entre otras acciones legales.

3. DENUNCIAS DE VIOLACIONES Y MUERTES EN CÁRCELES

En el contexto de este régimen, las organizaciones humanitarias contabilizan al menos 6,889 denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos, con detención arbitraria en el 98 % de los casos, siendo vinculados los agentes de la Policía al 75 % de los atropellos.

Bukele ha admitido que en estas detenciones masivas, que han llevado al país a tener más de 107 mil presos en sus cárceles, se encuentran al menos 8 mil “inocentes”, pero estos siguen atados a procesos penales a pesar de tener la libertad condicional.

4. APOYO DE LA POBLACIÓN

Cerca de un 85 % de la población apoya la continuidad de la medida, según lo han revelado diversas encuestas, y un poco más del 10 % no está a favor que el régimen de excepción siga.

Además, el régimen de excepción ha llevado a que la aprobación de Bukele alcanzara al cierre de 2025 el 91.9 %, superior al 85.2 % registrado a mediados de ese año, de acuerdo con una encuesta de la Unidad de Investigación del medio La Prensa Gráfica (LPG Datos).

Según la publicación, esta aprobación es “impulsada principalmente por la mejora en seguridad”.

5. POSIBLES CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

Un informe divulgado recientemente señala que, en el marco de este régimen, se habrían cometido violaciones a derechos humanos que “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”.

El documento, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, fue elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El presidente Bukele criticó dicho informe y, según dijo, en este «se exige que el Estado de El Salvador libere al 100 % de los pandilleros capturados desde el inicio del régimen de excepción», aunque en el informe no se llama a liberar a la totalidad de los detenidos, sino a “establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas”.

DEFENSORA SALVADOREÑA EXILIADA: “QUERÍAN QUE ME CALLARA O QUE ME FUERA”

La activista y directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), Ingrid Escobar, dijo a EFE desde México que salió de El Salvador tras meses de acoso policial y después de que una fuente le advirtiera que figuraba en una lista de posibles detenciones, lo que atribuye a su labor en defensa de personas que alegan su inocencia en el marco del régimen de excepción, que esta semana cumple cuatro años.

En junio pasado, organizaciones humanitarias denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que al menos 130 activistas y periodistas han tenido que salir de El Salvador en los últimos cinco años para «proteger su integridad», la mayoría en 2025, bajo la Administración del presidente Nayib Bukele.

“Yo no tengo la menor duda que ellos (el Gobierno de Bukele) querían o que me callara o que me fuera. Lo lograron, porque al final me tuve que ir», sostuvo en una entrevista telefónica Escobar, quien señaló que en ese momento además atravesaba un «reto importante de salud” y que «iba a ser muy fácil para ellos solo dejarme morir ahí sin darme tratamiento» en una prisión.

“Yo no tengo la menor duda que ellos (el Gobierno de Bukele) querían o que me callara o que me fuera. Lo lograron, porque al final me tuve que ir”, sostuvo en una entrevista telefónica Escobar y señaló que en ese momento además estaba pasando por un “reto importante de salud” y que “iba a ser muy fácil para ellos solo dejarme morir ahí sin darme tratamiento” en una prisión.

MESES DE ACOSO POLICIAL Y DESPLAZAMIENTO

Escobar relató que entre enero y mayo de 2025, mes en el que se denunció la salida de decenas de periodistas, «fue lo peor» y que su salida se vio precedida de varios episodios de seguimiento policial durante actividades de denuncia, en la oficina del SJH y en su casa.

Todo comenzó, a juicio de la abogada, con la presentación de denuncias y avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra altos funcionarios de Bukele como el director de Centros Penales, Osirs Luna, y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco del régimen de excepción.

Escobar hizo pública en redes sociales su salida de El Salvador el 22 de junio de 2025 mediante un vídeo.

Comentó que, 15 días antes de abandonar el país, se encontraba como «desplazada interna», porque los policías «llegaban una vez a la semana» a su casa. La decisión final de salir de El Salvador se dio el mismo día que detuvieron al abogado constitucionalista y crítico de Bukele Enrique Anaya, a inicios de junio del año pasado.

“Ingrid bájale, mejor salte unos días (de El Salvador) porque estás en una lista (de capturas), hay periodistas y cuatro defensores”, le dijo una fuente fiscal y otras dos fuentes le aseguraron que “había una orden de desarticular a la organización”, SJH.

Para ese momento, en El Salvador ya se habían producido la detención de Anaya, previamente la de la reconocida abogada anticorrupción Ruth López y la de Fidel Zavala, portavoz de una organización humanitaria.

LA LABOR DEL SJH y COLEGAS EB EL EXILIO

El SJH nació el 25 de julio de 2022, más de cuatro meses después de iniciado el régimen de excepción tras el asesinato a manos de las pandillas de más de 80 personas en un fin de semana, pero se formó «porque comenzamos a ver capturas de compañeros sindicalistas».

A la fecha, sostuvo la activista, la ONG ha presentado al menos 3.600 habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para pedir la libertad de personas que consideran inocentes, además de lograr la liberación de unas 51 personas.

SJH ha denunciado en diversas instancias, incluso internacionales, la muerte de más de 500 personas en detención, una cifra que, aseguran, podría superar las 2 mil.

“Es un exilio, yo me sentí presionada por el Gobierno, (...) si fuera por mi gusto no estuviera aquí, padeciendo todo esto”, manifestó y aseguró que “es un desarraigo enorme para mí como persona, como profesional, como activista, uno deja la vida entera”, pero “la convicción no termina con el exilio”, concluyó.

Por Sara Acosta y Hugo Sánchez, Agencia de Noticias EFE.