Advierte Presidencia que si SCJN invalida ‘Plan B’ estaría sustituyendo al Congreso

Presidencia ha señalado que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anule la totalidad del decreto Plan B, reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre de 2022 por el Poder Legislativo, estaría sustituyendo las funciones del Congreso de la Unión; esto a unas horas de que se discuta el proyecto.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) señaló como “falso” que no se cumpliera las formalidades del proceso legislativo para aprobar la primera parte del “Plan B” electoral, asegurando que al invalidarlo como lo propone el proyecto del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, estaría violado el principio de división de poderes.

“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, se puede leer en el documento expresado de la CJEF.

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En un comunicado, la consejería firmó que el proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas omite examinar la dispensa de trámite, el acuerdo por el que legisladores aprobaron la primera parte al considerarlo de urgente resolución.

“Se constata que el ministro ponente es omiso en dar cumplimiento al artículo 17 constitucional y 39 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la norma fundamental”, señaló.

Recuerda que al negar la petición realizada por Presidencia para resolver las demandas presentadas desde 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, la Suprema Corte demuestra dos parámetros distintos: revisar las leyes del régimen neoliberal, de la cual no se ha querido dictar sentencia en cinco años, y a las normas que expide la soberanía popular en búsqueda de la transformación.

Esto al no tomar en cuenta los razonamientos expuestos por las autoridades demandadas, la cual es su obligación -de acuerdo con el texto- al examinar en su conjunto los argumentos de todas las partes los argumentos de las partes para resolver la cuestión efectivamente.

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Además, hizo un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional sobre las normas impugnadas por encina de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, advirtió la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Será esta semana cuando el pleno de la SCJN vote el proyecto de sentencia, después de que el jueves 4 de mayo se rechazara la petición de la consejería de resolver primero la constitucionalidad de la Ley de Comunicación Social, antes de que comience el análisis de las modificaciones con el Plan B de la reforma electoral.