Afirma Sheinbaum que es falso que se haya exonerado a Maru Campos
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La presidenta sostuvo que no existe ningún acuerdo político para responsabilizar únicamente al exfiscal de Chihuahua
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que su gobierno haya negociado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para deslindarla de responsabilidades por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo de seguridad realizado en territorio estatal sin la autorización federal correspondiente.
Durante su conferencia matutina de este martes 20 de octubre, la mandataria rechazó las versiones sobre un posible acuerdo para concentrar las investigaciones en el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, quien comparece ante autoridades judiciales federales por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria.
“Para decirlo con absoluta claridad, la justicia está por encima de la política, nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó Sheinbaum al fijar la postura de su administración frente a las especulaciones sobre un eventual entendimiento político entre el Gobierno federal y el Ejecutivo chihuahuense.
La titular del Ejecutivo federal insistió en que no existe un compromiso con Campos para encarcelar a un funcionario a cambio de proteger a otros actores políticos. Aseguró que las actuaciones judiciales deben sustentarse en las pruebas y en el cumplimiento de la legislación, sin responder a negociaciones partidistas.
CÉSAR JÁUREGUI, EN EL CENTRO DE LA INVESTIGACIÓN FEDERAL
Las declaraciones presidenciales se producen mientras el exfiscal chihuahuense enfrenta una imputación federal relacionada con el operativo efectuado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, donde participaron agentes estadounidenses en acciones vinculadas con la localización de un presunto laboratorio de drogas.
De acuerdo con los reportes sobre el caso, la intervención de personal de la CIA se realizó sin la notificación correspondiente a las autoridades federales mexicanas ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que abrió cuestionamientos sobre los protocolos de cooperación internacional y los límites legales de la actuación de agentes extranjeros en México.
La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a Jáuregui una presunta responsabilidad en estos hechos. El exfuncionario fue detenido inicialmente por señalamientos del ámbito estatal y posteriormente quedó a disposición de las autoridades federales, que ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria.
La audiencia inicial de formulación de imputación está prevista en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, en el Estado de México, donde la Fiscalía deberá exponer los hechos atribuidos al exfiscal y los elementos que sustentan su acusación. La imputación, sin embargo, no constituye una sentencia definitiva ni determina por sí misma su culpabilidad.
GOBIERNO FEDERAL AFIRMA QUE NO HAY PRUEBAS CONTRA MARU CAMPOS
Uno de los puntos centrales de la postura de Sheinbaum es la distinción entre la responsabilidad que las autoridades atribuyen al exfiscal y la posible participación de la gobernadora de Chihuahua.
La presidenta señaló que, hasta donde tiene conocimiento, las investigaciones disponibles no contienen pruebas que acrediten que Campos haya ordenado directamente el operativo en el que participaron los agentes estadounidenses. Por ello, sostuvo que la responsabilidad inmediata señalada por las autoridades recae en Jáuregui, aunque aclaró que las pesquisas siguen abiertas.
La mandataria también indicó que el exfiscal es objeto de otras investigaciones por presuntos delitos distintos al relacionado con la presencia de la CIA, sin ofrecer detalles adicionales y al señalar que corresponde a las fiscalías informar sobre el desarrollo de esos procedimientos.
En este contexto, Sheinbaum rechazó que el deslinde de la gobernadora deba interpretarse como resultado de un pacto político. Su argumento es que las decisiones de las autoridades ministeriales deben derivarse de los elementos reunidos en cada expediente y no de acuerdos entre funcionarios.
SOBERANÍA NACIONAL, EL TRASFONDO DEL CASO
Más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos federal y estatal, el expediente ha colocado en el centro del debate la soberanía nacional y las condiciones bajo las cuales pueden colaborar organismos de seguridad de otros países en operaciones realizadas dentro de México.
La participación de agentes estadounidenses en un operativo de campo sin la autorización federal correspondiente generó cuestionamientos sobre la coordinación entre las autoridades locales, las instituciones de seguridad nacionales y los mecanismos diplomáticos que regulan la presencia de personal extranjero.
Sheinbaum sostuvo que el incumplimiento de las disposiciones de seguridad nacional debe investigarse conforme a la ley y no tratarse como una simple controversia política. En ese sentido, remarcó que la procuración de justicia no puede utilizarse para resolver disputas partidistas, pero tampoco debe quedar subordinada a intereses políticos.
La relevancia del caso radica, además, en determinar quién autorizó la participación de los agentes, qué información conocían los funcionarios involucrados y si se vulneraron las disposiciones legales que regulan la cooperación internacional en materia de seguridad.
LAS INVESTIGACIONES CONTINÚAN
La presidenta reiteró que no corresponde al Gobierno federal establecer acuerdos para decidir quién debe ir a prisión, sino permitir que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones y presenten sus pruebas ante los tribunales.
El proceso contra Jáuregui y las diligencias relacionadas con el operativo en Chihuahua serán determinantes para esclarecer las responsabilidades individuales y establecer si existieron otras irregularidades.
Por ahora, la posición de Sheinbaum es que no hay elementos conocidos que vinculen directamente a Maru Campos con la orden del operativo, mientras que el exfiscal enfrenta una acusación federal que deberá ser analizada judicialmente.
El caso mantiene abiertas dos discusiones fundamentales: el alcance de la responsabilidad de los funcionarios mexicanos en la intervención de agentes extranjeros y la necesidad de que las investigaciones avancen con independencia de las tensiones políticas entre los distintos niveles de gobierno.
