AMLO va por reformas al Poder Judicial; busca acotar, reducir y ser electos a Ministros de la SCJN
Desaparecería y habría dos nuevas instituciones, uno llamado Tribunal de Disciplina Judicial, y del Poder Judicial
El Presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá una reforma al Poder Judicial que acote la actuación de Ministros, reduzca su número y los someta a mayores medidas de disciplina cuando no cumplan con sus obligaciones de imparcialidad y justicia expedita.
De acuerdo con el proyecto de reforma que el Ejecutivo presentará mañana, se insistirá en la elección de voto popular -para junio de 2025-, de Ministros, Magistrados y jueces, lo cual ya fue desechado por la Cámara de Diputados el año pasado.
Los candidatos serían propuestos por el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, con 10 nombres por cada cargo a elegir.
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), se prevé reducir el pleno de 11 a 9 integrantes, el periodo de los Ministros de 15 a 12 años y serían renovados en elecciones escalonadas, cada tres años.
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AMLO (@lopezobrador_) se lanza contra jueces por dejar en libertad al abogado Juan Collado.
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 1, 2024
"Está podrido el Poder Judicial, está secuestrado por la oligarquía". pic.twitter.com/OvgK0iFVc3
Además, prohibirá a los integrantes del Poder Judicial dar suspensiones generales en leyes controvertidas y sancionar a los Ministros que no resuelvan asuntos fiscales en seis meses.
La presidencia de la Suprema Corte dejaría de presidir al mismo tiempo el Consejo de la Judicatura.
Este órgano desaparecería y de él habría dos nuevas instituciones, una de control interno, llamado Tribunal de Disciplina Judicial, y otro dedicado a la administración del Poder Judicial.
El nuevo Tribunal será el encargado de sancionar a los juzgadores federales e, incluso, tendrá la atribución de solicitar a la Cámara de Diputados el juicio político contra Ministros de la SCJN.
El Tribunal de Disciplina podrá investigar a funcionarios jurisdiccionales que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.
La reforma constitucional al Poder Judicial prohíbe también el pago de los haberes de retiro para los Ministros que serían relevados del cargo y para los electos.
Sin embargo, sí se les respeta la pensión vitalicia a quienes ya gozan de ella, como es el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero y el ex Ministro Arturo Zaldívar, quien renunció al cargo para apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum.
Además, se agrega la disposición de prohibir que las remuneraciones de los Ministros, Magistrados y jueces de distrito sean mayores a la del Ejecutivo federal.
La propuesta se presentará tras quejas del Ejecutivo contra Ministros y jueces que han revertido la aplicación de las leyes prioritarias de su Gobierno, ya sea por declararlas inconstitucionales o que en su aprobación se ha violado el debido proceso.
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El caso más reciente fue la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica en la Segunda Sala de la Corte.
Con esto, el Mandatario propone mano dura para los juzgadores del País tras afirmar en repetidas ocasiones que el Poder Judicial está podrido, que necesita una profunda reforma, que los Ministros de la Corte son parciales y corruptos, parte de los conservadores, afines a los grupos de poder y que no aplican justicia expedita.
Con la reforma constitucional, López Obrador plantea dar amplias atribuciones al nuevo Tribunal de Disciplina para sancionar, hasta penalmente si es necesario, a los Ministros, Magistrados y jueces.
Este nuevo órgano se integrará por cinco miembros electos por la ciudadanía, también con propuestas del Ejecutivo federal.
“El Tribunal de Disciplina podrá conocer, investigar, substanciar y, en su caso, sancionar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia.
“Incluyendo aquellas vinculadas con hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes, o cuando sus determinaciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine”, indica la propuesta de reforma al artículo 100 de la Constitución.
Señala que las sanciones que emita el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas.
Los Ministros serán una excepción, ya que sólo podrán ser removidos en los términos del título cuarto de la Constitución, que habla sobre responsabilidades de los servidores públicos.
“El Tribunal podrá requerir información, llamar a comparecer y apercibir a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para el desarrollo de sus investigaciones, presentar denuncias ante el Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y solicitar el juicio político de Ministros ante la Cámara de Diputados”, cita la reforma que presentará el Presidente.
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Agrega que las decisiones del Tribunal de Disciplina serán definitivas e inatacables.
La reforma propone eliminar la redacción actual en la Constitución, que sólo indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “podrá solicitar” al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o Magistrado federal.
“Cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de sanción cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación a efectos de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada”, dice la iniciativa presidencial.
En la exposición de motivos, el proyecto indica que la modificación en el diseño y la estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial tienen el objetivo de garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica.
También, agrega, se pretende “desligar” la función jurisdiccional de las tareas estrictamente administrativas que inciden en el nombramiento, adscripción y formación de jueces y Magistrados.
(Con información de Reforma)
