Así puede fabricarse una demanda laboral millonaria: el modus operandi detrás de un caso que lleva casi dos décadas en los tribunales

CDMX.- Detrás de algunos de los litigios laborales más llamativos de los últimos años en México hay un mismo patrón: una persona se presenta ante los tribunales como empleado —no de una, sino de varias empresas a la vez— y, años más tarde, con apoyo de pruebas que terminan siendo cuestionadas, logra que un juez le reconozca esa relación y ordene el pago de sumas millonarias. Un caso que hoy sigue en litigio en los tribunales mexicanos permite entender, paso por paso, cómo puede operar este tipo de esquema.

Paso 1: una demanda contra múltiples organizaciones a la vez.

Todo comenzó en 2007, cuando el señor Alfredo Jorge Colín Huerta presentó una demanda laboral en contra de Business Anti-Smuggling Coalition, A.C. (“BASC”), una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la lucha contra el contrabando, y en contra de un grupo de aproximadamente 25 empresas mexicanas de distintos giros que estaban asociadas a esa organización. En su reclamo, el señor Colín Huerta sostuvo haber sido, de manera simultánea, director general y trabajador de las 25 organizaciones al mismo tiempo —una afirmación que, según los propios demandados, nunca tuvo sustento fáctico ni legal, pues jamás existió relación de trabajo alguna entre él y esas empresas.

Paso 2: años de litigio y una reversión inesperada.

El caso avanzó por distintas etapas ante los tribunales laborales durante más de una década. Hasta 2021, las empresas demandadas habían sido absueltas en todas las instancias: es decir, los jueces les habían dado la razón de manera consistente.

El giro llegó en 2022, cuando un tribunal resolvió un recurso de amparo (un mecanismo legal para revisar si una resolución anterior violó derechos constitucionales) y ordenó que se tuvieran por válidas unas pruebas presentadas en 2016 por el señor Colín Huerta —pruebas que las empresas señaladas calificaron desde entonces como construidas sobre premisas falsas.

En la presentación de esas pruebas participaron el propio señor Colín Huerta, su abogada de ese entonces, la señora Irene León Escamilla (en ese entonces abogada del reconocido despacho laboral Cavazos Flores, encabezado por Humberto Cavazos Chena), y un tercero, el señor Emilio Mahuad Gantus.

Paso 3: el laudo y el cobro forzoso.

Con base en esas pruebas, un tribunal tuvo por acreditada la relación laboral y, en enero de 2023, emitió un laudo —la sentencia final de un juicio laboral— a favor del señor Colín Huerta por una cantidad millonaria.

Para hacerlo efectivo, en febrero de 2024 se llevó a cabo el embargo de fondos en una cuenta bancaria de una de las empresas involucradas. Es en esta etapa, la de ejecución del laudo, donde este tipo de esquemas buscan capitalizar el litigio: no solo se trata de ganar el juicio, sino de traducirlo en un cobro concreto y rápido antes de que puedan agotarse los recursos legales disponibles.

Paso 4: de las juntas laborales a la justicia penal.

El elemento más delicado del caso apareció alrededor de la forma en que se integraron las pruebas que terminaron siendo determinantes para obtener el laudo.

Durante el desarrollo del procedimiento, la propia defensa técnica del demandante, encabezada por Irene León Escamilla, habría reconocido haber incurrido en falsedad de declaraciones y en la fabricación de las pruebas presentadas en 2016.

La acusación dejó entonces de ser únicamente una controversia entre empresas y un trabajador. La pregunta pasó a ser otra: ¿cómo se construyeron las pruebas que permitieron acreditar una relación laboral que las empresas siempre negaron?

Los hechos llegaron ante una autoridad judicial penal independiente de los tribunales que conocieron el juicio laboral. En esa instancia se determinó la existencia de elementos constitutivos de delito relacionados con la presunta alteración, fabricación y utilización de evidencia dentro del procedimiento.

De acuerdo con la información disponible del caso, la investigación apunta a una posible coordinación entre Irene León Escamilla, Alfredo Jorge Colín Huerta y Emilio Mahuad Gantus para incorporar y utilizar material probatorio presuntamente apócrifo con el objetivo de obtener un laudo laboral millonario.

Los tres se encuentran actualmente denunciados penalmente.

La judicialización de estos hechos abre una interrogante que trasciende el litigio particular: si las pruebas que permitieron obtener una resolución millonaria fueron efectivamente fabricadas, el objetivo no habría sido únicamente ganar un juicio, sino convertir esa resolución en un mecanismo para obtener recursos de las empresas demandadas.

Un caso que muestra dónde puede estar el verdadero riesgo.

El caso Colín Huerta revela una vulnerabilidad que va más allá de sus protagonistas: una demanda laboral puede permanecer durante años dentro de los cauces ordinarios de la justicia y, aun cuando las empresas obtengan resoluciones favorables en distintas instancias, una modificación posterior en la valoración de determinadas pruebas puede cambiar por completo el resultado.

La dimensión del reclamo también resulta significativa. No se trató de una empresa aislada, sino de una demanda presentada simultáneamente contra una asociación civil y aproximadamente 25 organizaciones.

Y tampoco se trató únicamente de un litigio laboral. El expediente terminó involucrando una segunda dimensión judicial, relacionada con la fabricación y utilización de pruebas para sustentar el reclamo.

El caso deja una lección para las organizaciones: los riesgos de un litigio no terminan cuando una empresa gana una primera instancia ni cuando un reclamo parece carecer de sustento. La documentación de las relaciones laborales, la trazabilidad de los documentos y la preservación de evidencia pueden resultar determinantes años después.

Casi dos décadas después de aquella demanda presentada en 2007, el caso sigue mostrando cómo una controversia laboral puede evolucionar hasta convertirse en un conflicto de dimensiones económicas y penales, y cómo el verdadero costo para una organización puede aparecer mucho tiempo después de que comenzó el litigio.