Cárteles reclutan menores mientras iniciativas siguen ‘congeladas’ en Congreso

CDMX.- Expertos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia llamaron al Senado y al gobierno mexicano a aprobar reformas y establecer mecanismos contra el reclutamiento de menores por parte de cárteles, ante la situación que enfrenta el país en materia de jóvenes y adolescentes desaparecidos.

El foro “Jornadas de la Protección a la Acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado” reunió en el Senado a especialistas que plantearon la necesidad de contar con un marco jurídico que sancione de manera severa el enrolamiento o leva de menores por grupos criminales.

Los participantes señalaron que las reformas deben acompañarse de programas y acciones que alejen a niñas, niños y adolescentes de contextos de violencia, desigualdad y captación criminal, con el fin de prevenir su utilización por organizaciones delictivas.

Se publicó recientemente que en el Congreso de la Unión existen por lo menos 50 iniciativas de ley congeladas desde hace una década que buscan sancionar la leva de menores por parte de cárteles, sin que Morena ni la oposición hayan avanzado en su discusión.

Juan Pablo Rodríguez González, especialista en protección a la infancia en Unicef México, afirmó que es indispensable hablar del reclutamiento de menores en el país, debido a que cuando el crimen organizado utiliza a niñas, niños y adolescentes, el Estado no sólo debe reaccionar, sino comprender con claridad el fenómeno para atender a las víctimas.

Karla Karelly Villanueva, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, señaló que este fenómeno no es un daño colateral del narcotráfico, sino un método que los grupos criminales utilizan para tomar terreno en las comunidades.

Sofía Magdalena Cobo Téllez, investigadora en justicia para adolescentes del Instituto de Ciencias Penales de la Fiscalía General de la República, sostuvo que el reclutamiento y la utilización de menores por el crimen organizado vulnera sus derechos humanos y compromete su desarrollo integral, al exponerlos a entornos violentos e inseguros.

Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado, afirmó que la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos, por lo que trabaja en una iniciativa para fortalecer el marco jurídico en la materia.

El legislador expuso que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 más de 29 mil 500 personas adolescentes fueron imputadas a nivel nacional por la comisión de hechos constitutivos de delito, cifra que fue presentada como parte del panorama que exige atención institucional.