Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura

Caso ‘La Nicholette’ reabre debate sobre narcocultura

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Influencers que revelan la aspiración, exposición y los riesgos de violencia, extorsión y propaganda criminal en la era digital

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/ 26 enero 2026
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CULIACÁN, SIN.- La camioneta —un Tesla Cybertruck color lila— estaba estacionada en una plaza comercial de Culiacán cuando tres hombres armados se aproximaron, abrieron la puerta y obligaron a Nicole Pardo Molina, “La Nicholette”, de 20 años, a subir a un vehículo blanco. El forcejeo quedó registrado por las cámaras del propio vehículo. Tras el reporte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó el Protocolo Alba y la influencer conocida como La Nicholette fue reportada como desaparecida desde el 20 de enero de 2026.

El episodio no se limita a la crónica de un “levantón”. Funciona como un síntoma de un imaginario aspiracional que se consolidó en redes sociales durante la última década: la estética del narco como identidad, el exceso como narrativa, el riesgo como atributo y el dinero como validación pública. De acuerdo con reportes periodísticos, Pardo Molina administraba una tienda con artículos alusivos a figuras del narcotráfico y había construido una creciente notoriedad digital mediante la exhibición constante de lujo como marca personal.

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Ese tipo de exposición no ocurre en la nada. En Sinaloa, la narcocultura ha sido documentada durante años como un sistema simbólico que articula música, consumo, estética y poder. Investigaciones y análisis académicos coinciden en que no se trata de un fenómeno marginal, sino de un lenguaje aspiracional para sectores juveniles atravesados por desigualdad, precariedad laboral y normalización de la violencia. En ese lenguaje, la ostentación no es solo gusto personal: es pertenencia, promesa y jerarquía.

Días después de la desaparición, el caso entró en una segunda capa, aún más delicada. En redes se difundió un video en el que la joven aparece “explicando” su ausencia y leyendo un mensaje con alusiones directas a facciones criminales. El contexto del material dejó claro el escenario: se trata de un contenido difundido bajo coerción. En disputas criminales, este tipo de videos no cumplen una función informativa, sino que operan como propaganda, advertencia o castigo simbólico.

REDES, NO SOLO LA VENTANA AL MUNDO

Durante 2024 y 2025, diversos reportes periodísticos documentaron que las redes sociales no solo funcionan como escaparate aspiracional, sino —en casos bajo investigación— como mecanismos de legitimación social y posibles canales de flujo financiero. Rifas, sorteos, donaciones, “patrocinios” y venta de mercancía se incorporaron al ecosistema económico de perfiles con alto alcance.

En ese contexto, medios nacionales informaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió líneas de investigación sobre creadores de contenido en Sinaloa por posibles operaciones de lavado de dinero, particularmente en el marco de la disputa interna entre facciones del Cártel de Sinaloa. La UIF no ha hecho públicos nombres ni resoluciones, pero el señalamiento introdujo un punto clave: la frontera entre espectáculo digital y economía criminal puede volverse difusa.

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Ese matiz vuelve el fenómeno especialmente riesgoso. Estar cerca del narco no equivale necesariamente a pertenecer a él. En la práctica, los casos se desplazan en un espectro amplio: desde menciones en volantes atribuidos a grupos criminales; pasando por señalamientos mediáticos de convivencia o beneficios; hasta extremos donde la violencia se convierte en mensaje disciplinario.

LISTAS DE ‘CREADORES’

El 9 de enero de 2025, Culiacán amaneció con volantes arrojados desde una avioneta en los que se acusaba a músicos y creadores de contenido de operar para una facción específica —“Los Chapitos”— y se les señalaba como presuntos prestanombres o colaboradores financieros. La lista se difundió ampliamente en redes y medios.

Algunos de los mencionados negaron los señalamientos. Se documentó los casos de Carlos Lizárraga (“El Horny”) y Óscar Antonio López Iribe (“El Compa Camarón”), quienes se deslindaron públicamente. Sin embargo, especialistas en violencia advierten que este tipo de propaganda criminal no busca verdad judicial, sino marcar objetivos, sembrar miedo y forzar silencios.

Proceso reportó que creadoras como Mayve Castro y Ana Gastélum redujeron o suspendieron su actividad digital tras aparecer en esos señalamientos. En Sinaloa, la negación pública no siempre protege; en ocasiones expone.

VIOLENCIA DETRÁSDE PLATAFORMAS

El caso de Markitos Toys se convirtió en un símbolo por la escalada de violencia alrededor de su entorno. Un reportaje internacional reconstruyó ataques a propiedades, amenazas y un clima de intimidación contra una familia de influencers señalada en el contexto de la guerra entre facciones criminales, subrayando que se trata de acusaciones inscritas en un conflicto delictivo, no de resoluciones judiciales.

El asesinato de Gail Castro (Gail Toys), hermano del influencer, marcó un punto de quiebre: la violencia dejó de ser rumor y se convirtió en evidencia. La exposición digital pasó de activo a riesgo estructural.

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La violencia, sin embargo, no se limita a quienes adoptan la estética del narco-lujo. En Monterrey, el asesinato del comediante e influencer Gilberto Rodríguez, “El Mocos”, en enero de 2022, mostró otra arista del problema. Rodríguez construyó su popularidad desde el humor cotidiano y la identidad popular del norte; su contenido no giraba en torno al crimen ni a la provocación. Aun así, su visibilidad lo volvió identificable y localizable. Fue asesinado afuera de una taquería, a plena vista.

El caso de “El Mocos” rompió una idea extendida: que solo quienes “juegan” con la simbología del narco se colocan en riesgo. Aquí la ecuación fue un poco distinta al estar más cerca de entornos violentos. El creador no formaba parte del conflicto, pero quedó atrapado en él.

El antecedente más citado sigue siendo el de Juan Luis Lagunas, “El Pirata de Culiacán”, asesinado en 2017 tras construir una identidad pública basada en el exceso, la provocación y la cercanía simbólica con figuras del narcotráfico. Su caso marcó un antes y un después: fue uno de los primeros ejemplos donde la narcocultura dejó de ser solo estética para convertirse en estrategia de visibilidad.

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El Pirata no era un capo ni un operador criminal, pero su narrativa digital —alcohol, armas, humillación pública— lo colocó en el radar de un ecosistema donde el desafío simbólico tiene consecuencias reales. El asesinato funcionó como pedagogía implícita: el algoritmo premió la atención; el entorno cobró la factura.

$!El “Pirata de Culiacán” fue uno de los primeros ejemplos donde la narcocultura dejó de ser solo estética para convertirse en estrategia de visibilidad.

Entre El Pirata y El Mocos se dibujó el espectro completo del riesgo: desde quien adopta la estética del narco como identidad pública, hasta quien simplemente se vuelve visible en un contexto atravesado por la violencia. En ambos casos, la exposición funcionó como ubicación.

En ese marco, el caso de La Nicholette se inserta como un episodio contemporáneo de la misma lógica. Una joven creadora cuya visibilidad, estética aspiracional y territorio se cruzan con dinámicas criminales donde la coerción, el mensaje y el castigo operan como mecanismos de control. El influencer deja de ser influencer: se vuelve símbolo, advertencia o daño colateral.

LO OCULTO

La narcocultura funciona como aspiración porque ofrece un paquete claro: dinero rápido, respeto automático, pertenencia y épica. Lo que no muestra son los costos estructurales. Oculta la coerción, como evidencia el video de una mujer desaparecida leyendo un guion. Oculta la violencia selectiva, donde la exposición digital se convierte en ruta de riesgo. Oculta la economía de la fantasía bajo la lupa de autoridades financieras.

El problema no es solo cultural, es generacional. Estudios sobre consumo cultural juvenil señalan que narcocorridos y narcoseries se apropian primero por lo que prometen emocionalmente: acción, poder y pertenencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que niñas, niños y adolescentes no son espectadores externos del crimen organizado, sino población vulnerable a captación, violencia y desaparición.

En 2025, informes registraron un aumento en desapariciones de jóvenes y apuntaron al reclutamiento forzado como una de las hipótesis en ciertos territorios. En ese cruce —algoritmo, deseo, precariedad y violencia— la narcocultura deja de ser música o moda y se convierte en pedagogía informal. Enseña qué vale, quién manda y cuánto cuesta ser alguien. Lo que no enseña es el precio completo: miedo, silencio, extorsión, desaparición y muerte. Con información de Agencias

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Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

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