Cero tolerancia al ‘mobbing’: Senado aprueba reforma y va por capacitación obligatoria en gobierno

CDMX.- El Senado aprobó una reforma al artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de erradicar la discriminación y el hostigamiento laboral en contra de las mujeres en México, y la turnó a la Cámara de Diputados.

El cambio legislativo plantea cerrar el paso a prácticas que, de acuerdo con lo expuesto durante la discusión, han sido normalizadas en espacios de trabajo, como la discriminación, el abuso de poder y el hostigamiento, al ubicar estas conductas dentro de un marco de prevención y erradicación de la violencia.

En el debate se señaló que el acoso laboral (mobbing) y el acoso sexual contra mujeres persisten como una forma de violencia de género que limita el desarrollo profesional. Se indicó que puede manifestarse mediante humillaciones, discriminación u obstáculos al ascenso, y presentarse tanto por superiores como por compañeros.

La reforma establece que, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, las personas servidoras públicas de todos los órdenes de gobierno estarán obligadas a recibir capacitación especializada para identificar, prevenir y erradicar este tipo de conductas.

Se mencionó que han aumentado los señalamientos por acoso laboral contra mujeres y se citaron denuncias recibidas por el Senado. Entre ellas, se refirió el caso de Alberto Reyes Weber, director de Finanzas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, acusado de acoso laboral contra una subordinada, según un acta judicial y un expediente presentados por activistas.

Senadores de oposición también recordaron el caso de la embajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien, señalaron, fue denunciada por 16 empleados de esa sede diplomática por acoso laboral y maltrato.

Ana Lilia Rivera, senadora impulsora de la reforma, expuso que la violencia laboral persiste incluso dentro de instituciones públicas y afirmó que su iniciativa busca no solo sancionar, sino transformar la cultura institucional, colocando la dignidad de las mujeres en el centro de la acción pública.