Dan nuevo contrato a empresa favorita de Samuel García, ahora por 28.9 millones de pesos

Suministro MYR, la empresa favorita de la Administración estatal actual y que está ligada a la triangulación de recursos del erario al despacho jurídico del Gobernador Samuel García, obtuvo un nuevo contrato millonario del Gobierno estatal, ahora por 28.9 millones de pesos

La adjudicación fue ayer por la tarde, luego de que el fallo se difirió dos veces la semana pasada.

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Los aplazamientos fueron después de que Grupo Reforma reveló el 13 de marzo que MYR, la segunda firma con más pagos del Gobierno emecista, participó en un esquema de triangulación hacia el despacho jurídico del Gobernador y su papá.

Ese día se publicó que la empresa ha facturado 964 millones de pesos a la Administración, y pagado 237 millones a una compañía “hermana”, Proveedor de Productos Mexicanos Jace, cuyo socio, José Antonio Álvarez López, fue quien compró a MYR.

Jace, a su vez, ha pagado al menos 202 millones al despacho del Gobernador y de su padre, según facturas que iniciaron apenas días después del arranque de su sexenio, en octubre del 2021.

El nuevo contrato de MYR con el Gobierno estatal es por 28 millones 855 mil pesos para surtir los alimentos de los 11 planteles del Colegio Militarizado estatal desde la adjudicación hasta el 20 de diciembre.

Además de encargarse de alimentos en las prepas militarizadas, esa empresa ha dado servicio en penales y otras dependencias, lo que le ha permitido colocarse como la segunda firma con más pagos del Gobierno, sólo detrás de Mota-Engil México, el consorcio que construye las líneas del Metro.

Ayer, el Comité de Adquisiciones confirmó la contratación, luego de que presentó una oferta 134 mil pesos, apenas 0.4 por ciento, por debajo de su único competidor, la empresa Comertam.

Según el fallo, el contrato deberá firmarse dentro de los 10 días hábiles siguientes.

El nuevo contrato millonario se da pese a que ni el Gobernador ni su despacho han aclarado la triangulación ni los pagos de Jace, que el Mandatario atribuyó a servicios legales prestados desde hace 4 años antes, pero que se empezaron a cobrar en octubre del 2021, 11 días después del arranque de su sexenio.

PIDEN INVESTIGAR

Ayer, el Congreso local aprobó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal investiguen los pagos.

“Que hagan una investigación profunda sobre los pagos que se le han realizado a esta empresa y la posible triangulación que ésta haya tenido con el despacho fiscal jurídico del Gobierno del Estado o del Gobernador”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista.

La petición fue aprobada primero en la Comisión Anticorrupción, y luego en el Pleno.

En respuesta, la bancada de MC, que no ingresa al Pleno, anunció que promoverán un juicio político contra los encargados del despacho de las Fiscalías Anticorrupción y la Fiscalía alegando que actúan como comparsas de las bancadas del PAN y el PRI.