Denuncian campaña oculta del PAN: influencer habría recibido 2.1 millones para manipular redes
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Un diputado de Morena presentó una queja contra el PAN y un influencer por posibles faltas graves a la equidad electoral
CDMX.- Un diputado del partido Morena, Arturo Ávila, presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) una queja formal contra Partido Acción Nacional (PAN) y el influencer Edson Saúl Andrade Lemus por la presunta contratación de propaganda política disfrazada.
Según la denuncia, existe un contrato por 2.1 millones de pesos —localizado en la Plataforma Nacional de Transparencia— mediante el cual Andrade, quien públicamente se presentaba como apartidista, habría recibido financiamiento para operar una estrategia digital a favor del PAN.
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El legislador señaló que este esquema podría implicar faltas graves: uso indebido de recursos, aportaciones prohibidas y actos contrarios a la equidad electoral. Además, afirmó que líderes del PAN en la Ciudad de México reconocieron que ese contrato también cubría el pago de al menos siete jóvenes adicionales vinculados con la difusión de contenido.
Según Ávila, esto podría representar un caso de propaganda encubierta y subcontratación opaca de recursos, por lo que pidió al INE que inicie un procedimiento oficioso, audite los contratos y revise si hubo triangulación de recursos o gastos no reportados.
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De comprobarse las irregularidades, la denuncia podría derivar en una sanción de gran magnitud, similar o incluso más severa que sanciones aplicadas en casos previos de uso indebido de “influencers” durante periodos prohibidos.
El caso de Andrade revivió en el contexto de la marcha del grupo conocido como “Generación Z”. El influencer fue señalado como uno de los convocadores, lo que generó controversia y críticas de sectores del gobierno, luego de que se pretendiera vincular la manifestación con financiamiento político.
Por su parte, el PAN aún no ha emitido una postura pública sobre la denuncia. El proceso en el INE queda abierto, mientras los partidos y autoridades electorales podrán evaluar los contratos y comprobar si hubo violaciones a la normativa sobre propaganda electoral. Con información de El Universal