Denuncian obstáculos en hospitales para acceder a la ILE incluso donde el aborto ya es legal

CDMX.- Organizaciones y testimonios documentados en Tabasco, Tlaxcala y Ciudad de México apuntan que el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) aún enfrenta negativas y demoras en hospitales públicos, incluso en entidades donde la práctica está despenalizada hasta las 12 semanas, de acuerdo con la asociación civil Telefem.

La organización señaló que, pese a que desde 2022 la Secretaría de Salud emitió un lineamiento técnico para garantizar un aborto seguro, persisten prácticas en unidades médicas que frenan o condicionan la atención, lo que empuja a mujeres a buscar alternativas fuera del sistema público.

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En Tabasco, Telefem refirió el caso de Mariana, de 19 años, a quien personal de un hospital público le negó el servicio bajo el argumento de que “no tenía una autorización judicial”, requisito que, según la asociación, no existe en la ley. La joven relató que, tras el rechazo, tardó tres semanas en encontrar otra opción.

La misma fuente reportó que las dificultades se presentan incluso en contextos de violencia sexual. Mencionó el caso de una adolescente de 15 años en Tlaxcala, quien al denunciar y solicitar atención médica enfrentó una cadena de requisitos, y su madre señaló que tuvo que repetir su historia en varias ocasiones, lo que derivó en revictimización.

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Telefem sostuvo que, aunque Tabasco y Tlaxcala cuentan con legislaciones acordes con criterios de la Suprema Corte, la falta de información y/o convencimiento de servidores públicos se traduce en incertidumbre, retrasos y riesgos para la salud de las personas solicitantes.

Las irregularidades, añadió, también se han observado en la Ciudad de México, donde se registró el caso de Sandy, de 24 años, quien acudió a un hospital por sangrado abundante y dolor intenso; según el reporte, le negaron atención porque personal médico consideró que “era un aborto y ahí no estaba permitido”, por lo que fue trasladada a una clínica privada.

En el panorama general, la asociación indicó que los obstáculos persisten a pesar de avances legislativos y de criterios judiciales que han empujado la no criminalización, y advirtió que la brecha entre la norma y la práctica clínica sigue siendo el principal reto para garantizar el acceso efectivo a la ILE. Con información de La Jornada