Educación con Rumbo pide protocolos para proteger a docentes; 4 de cada 10 reportan violencia escolar
Con datos de encuestas y casos recientes, una organización civil advirtió que la violencia ya forma parte de la rutina escolar
CDMX.- Cuatro de cada 10 docentes han sufrido algún tipo de violencia en sus planteles y el 90% de estas agresiones son verbales, mientras que cinco de cada 10 estudiantes han presenciado faltas de respeto hacia maestros, de acuerdo con datos citados por la organización civil Educación con Rumbo (ECR).
Ante ese panorama, ECR llamó a implementar protocolos específicos de protección docente, establecer corresponsabilidad entre familias y autoridades, y fortalecer la formación en manejo de conflictos dentro de las comunidades escolares.
La organización sostuvo que el reciente caso de violencia en un plantel de Michoacán no es un hecho aislado, sino parte de una escalada de agresiones contra el magisterio en el país, y señaló que la discusión debe enfocarse en mecanismos de prevención y atención.
Como antecedentes, mencionó incidentes en la Universidad Tecnológica de Tulancingo (2022), ataques de padres de familia en Cuautitlán Izcalli (2023) y Naucalpan (2024), así como agresiones de estudiantes en entidades como Tabasco, Guanajuato, Coahuila, Baja California (2023) y el CCH Sur en la Ciudad de México (2025).
ECR agregó que cerca del 35% de los estudiantes ha presenciado conflictos entre padres de familia y profesores y que la Encuesta Nacional de Violencia hacia los Maestros (2024) documenta que una proporción significativa del magisterio enfrenta agresiones dentro del entorno escolar.
La organización también advirtió sobre el impacto en la salud del profesorado: más del 30% considera su trabajo altamente estresante, cerca del 80% presenta agotamiento laboral y una de cada seis maestras enfrenta depresión severa, según las cifras referidas en su pronunciamiento.
Patricia Ganem, coordinadora del Observatorio de la Educación de ECR, atribuyó el problema a un vacío institucional que ha debilitado la autoridad pedagógica en el aula sin generar mecanismos de protección. “Miles de maestros enfrentan el dilema entre intervenir ante conductas violentas —con riesgo de sanciones o denuncias— o la omisión forzada por falta de respaldo”, expuso.
En el mismo sentido, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de la organización, afirmó que no se ha construido una política integral que articule responsabilidades entre Estado, familias y sociedad. “No han querido reconocer que México vive una ola de violencia que también está presente en las escuelas y afecta a los más vulnerables”, sostuvo.
ECR planteó como acciones prioritarias la implementación de protocolos para prevenir y atender la violencia escolar con mecanismos específicos para docentes, esquemas claros de corresponsabilidad entre familias, autoridades y comunidad educativa, así como formación especializada en gestión de conflictos y habilidades socioemocionales, al advertir que la falta de herramientas ha debilitado el papel del profesorado en el aula.
