Exhibirán a agresores de menores en Guanajuato: aprueban registro público y los mantendrán 10 años
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La medida busca prevenir reincidencias y será administrada por la Fiscalía estatal, con permanencia incluso después de recuperar la libertad
GUANAJUATO, GTO.- El Congreso de Guanajuato aprobó reformas para crear el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de menores de edad, que será administrado por la Fiscalía General del Estado y tendrá como finalidad que padres y madres de familia conozcan a personas sentenciadas por estos delitos y prevenir reincidencias.
El nuevo padrón se difundirá a través del sitio web de la Fiscalía y, de acuerdo con lo aprobado, la inscripción no será automática, sino que deberá ser ordenada por un juez y únicamente procederá cuando exista sentencia firme.
La gobernadora Libia García Muñoz Ledo señaló que el modelo busca fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, y consideró que el registro es una herramienta para reforzar consecuencias frente a quienes cometan agresiones sexuales contra menores.
En ese contexto, la mandataria explicó que la medida forma parte de una propuesta impulsada por su administración y que fue discutida en el Congreso estatal antes de su aprobación, tras un debate que derivó en cambios al Código Penal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía.
La reforma establece que un juez podrá ordenar la inscripción de personas con sentencias firmes por delitos como feminicidio, trata de personas, violación, estupro, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual, afectación a la intimidad, captación de menores, corrupción de menores e incapaces, explotación sexual y lenocinio, cuando las víctimas sean menores de 18 años.
La gobernadora agradeció a las y los diputados que avalaron la iniciativa y sostuvo que su aprobación representa un mecanismo adicional para la seguridad de las infancias y juventudes en el estado.
En cuanto a la operación institucional, se precisó que el registro se activará una vez que la sentencia cause ejecutoria y que el nombre del agresor permanecerá en el padrón durante 10 años posteriores a que obtenga la libertad.
Con ello, el gobierno estatal planteó que el registro se convierta en un instrumento de consulta pública y verificación para reforzar la confianza en los registros oficiales y ampliar medidas de prevención ante delitos cometidos contra menores. Con información de La Jornada
