Extorsión se dispara en 2025; Coparmex alerta por alzas de hasta mil 300% en Tlaxcala

CDMX.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pidió que el delito de extorsión se convierta en una prioridad nacional, al advertir que, pese a la disminución de otros ilícitos, este fenómeno se expande con rapidez por “la ausencia de acciones contundentes”.

En un comunicado, el organismo señaló que en 2025 la variación anual de la extorsión aumentó en 20 de las 32 entidades y sostuvo que “en casi dos tercios del país este delito creció respecto al año previo”, con incrementos destacados en Tlaxcala (mil 300%), Chiapas (364.3%), Ciudad de México (264.4%), Nayarit (171.4%), Yucatán (100%) y Puebla (84.4%).

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Coparmex planteó que la extorsión se ha convertido “en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México” y sostuvo que no se trata de un hecho aislado, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento, particularmente en determinadas regiones.

En ese mismo posicionamiento, afirmó que “la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva”.

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Como antecedente, la Confederación indicó que entre 2015 y 2025 este ilícito subió 78%, al pasar de 6 mil 223 a 11 mil 81 víctimas anuales, lo que —sostuvo— refleja que se trata de un problema que no es coyuntural.

También recordó resultados de #DataCoparmex, en los que el 46.8% de las empresas reportó haber sido víctima de al menos un delito, y señaló que la extorsión fue el segundo ilícito con mayor número de casos dentro de ese levantamiento.

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De acuerdo con esa consulta, dos de cada tres extorsiones ocurrieron vía telefónica y una se “vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad”, lo que, a decir del organismo, agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de derecho.

En el plano institucional, la Coparmex pidió colocar “la extorsión como prioridad nacional de política pública” y, aunque consideró relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, urgió a que los gobiernos locales constituyan unidades especializadas en las Fiscalías Estatales, al señalar que fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley es indispensable para proteger la inversión y preservar empleos formales.